El veredicto inminente podría redefinir el legado de Yoon Suk-yeol y sacudir a Corea del Sur

El expresidente surcoreano #Yoon Suk-yeol está a un día de conocer la sentencia en el juicio más decisivo relacionado con la fallida imposición de la #ley marcial a finales de 2024, episodio que sacudió las instituciones democráticas del país y que podría acarrearle la pena de muerte.

Aunque #Corea del Sur mantiene una moratoria de las ejecuciones desde 1997, la posibilidad de una condena máxima ha encendido el debate entre quienes sostienen que nadie está por encima de la ley y quienes advierten sobre el impacto que tendría una decisión así en la confianza pública.

Presuntamente, la discusión no solo gira en torno a la responsabilidad individual, sino también sobre el papel de las élites en momentos de crisis institucional.

La sentencia por cargos de insurrección se anunciará el jueves a las 15:00 hora local (03:00 horas en Chile) en el Tribunal del Distrito Central de Seúl y será transmitida en directo a nivel nacional.

En la sede judicial, las partes han presentado sus alegatos y pruebas ante un jurado de magistrados que deberá valorar si la dirección #política y la cúpula gobernante ordenaron o facilitaron la declaración de estado de excepción sin respaldo suficiente del parlamento.

Si bien el marco legal surcoreano establece límites claros a las medidas de emergencia, el fallo podría sentar un precedente sobre la interpretación constitucional de las herramientas de poder del Estado, especialmente en un periodo de polarización creciente.

«Es de sentido común que el ‘insurrecto’ Yoon Suk-yeol y su grupo, que pisotearon la Constitución y la democracia, deberían recibir un castigo severo», declaró este miércoles Han Byung-do, miembro del gobernante Partido Democrático (DP), en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.

El portavoz del DP, Baek Won-sik, añadió además que Yoon «no ha ofrecido ni una sola palabra de disculpas o de reflexión» y que se ha limitado a «burlarse» de la ciudadanía.

Estas declaraciones subrayan la narrativa de culpa y responsabilidad que sostiene el proceso, frente a quienes piden considerar el contexto de seguridad y estabilidad que el estado de excepción pretendía justificar.

Las expectativas de un castigo severo se han reforzado tras el fallo contra el ex primer ministro Han Duck-soo, presuntamente condenado a 23 años de prisión, ocho más de los solicitados por la fiscalía, por su participación en la implementación del estado de excepción.

El tribunal calificó la imposición de la ley marcial como un acto de insurrección por la cúpula gobernante

En la sentencia de Han, el tribunal calificó la imposición de la ley marcial como un acto de insurrección por la cúpula gobernante, un precedente que pesa ahora sobre el caso de Yoon.

Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de «fuerzas antiestatales». La medida fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas, y Yoon fue destituido en abril de 2025. En un escenario que aún genera controversias, la lectura de la sentencia podría redefinir las líneas entre autoridad y legitimidad, incluso si la experiencia democrática del país ya aprendió que la legitimidad de las autoridades está sujeta a escrutinio público continuo.

En un sondeo de Realmeter, presuntamente casi el 60% de los encuestados expresaron su acuerdo con la solicitud de la pena de muerte contra Yoon por parte de la fiscalía, un indicio de que la opinión pública está profundamente dividida y que, en cualquier resultado, la respuesta social podría ser tan decisiva como la decisión judicial.

El juicio por insurrección es el más relevante de los cuatro procesos que enfrenta Yoon en relación directa con la ley marcial. En uno de ellos, el expresidente ya fue condenado en enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia. Los otros dos procesos vinculados al estado de emergencia incluyen acusaciones de abuso de poder, relacionadas con el presunto envío de drones a Corea del Norte para provocar una crisis y justificar la ley marcial, y de perjurio por su testimonio en el caso contra Han.

Además, Yoon afronta otros cuatro procesos no relacionados con la ley marcial, mientras que su esposa y ex primera dama, Kim Keon-hee, fue condenada recientemente a casi dos años de prisión por corrupción, presuntamente en un caso ligado a contratos y financieros legislativos.

A lo largo de los años, Corea del Sur ha construido un sistema judicial que busca equilibrar seguridad y derechos, y la dinamicidad de este proceso recuerda que la #democracia se nutre del debate, la crítica y la rendición de cuentas.

Históricamente, la moratoria de la pena de muerte ha sido un pilar de la conversación pública en la península: desde 1997, el Estado no ha ejecutado a nadie, una decisión que muchos ven como un barómetro de la madurez institucional y de la voluntad de resolver conflictos políticos por vías legales y democráticas.

Este caso llega en un momento en que el país, consciente de su trayectoria y de sus tensiones regionales, deberá decidir si la respuesta judicial fortalece la cohesión social o abre nuevas fracturas que expongan, una vez más, la fragilidad de la estructura democrática ante crisis de poder.