Demanda contra las reglas de combustible de Trump podría alterar los precios de los autos

Un giro legal de alto perfil plantea una revisión profunda de las normas de #emisiones que rigen a los automóviles en Estados Unidos, después de que la administración de Donald #Trump anunciara la retirada de un hallazgo crucial de 2009 que fundamentaba la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Organizaciones ambientalistas sostienen que la acción podría debilitar la base legal para limitar la contaminación y abrir la puerta a emisiones más laxas.

La demanda, presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito DC, fue promovida por grupos como el Natural Resources Defense Council (NRDC) y Sierra Club, junto con otras entidades, y cuestiona la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de finalizar un hallazgo que señalaba que las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos representan una amenaza para la salud pública.

Según los demandantes, la #EPA habría sobrestimado la solidez de la base legal para mantener las actuales normas de emisiones y economía de combustible.

La administración sostiene que la eliminación de las normas contribuiría a reducir de forma significativa el precio de los automóviles para los compradores.

Según la Casa Blanca, retirar las pautas de economía de combustible podría “tumbar” los costos regulatorios y hacer que los autos sean más asequibles en el corto plazo.

Sin embargo, los ambientalistas afirman que esta lectura es controversial y que el cambio podría acarrear costos ambientales y para los conductores a largo plazo.

Supuestamente, la calculadora oficial del gobierno podría subestimar el costo total para los conductores si se eliminan las normas de emisiones.

Entre los argumentos históricos, se recuerda que en marzo de 2017 Trump anunció por primera vez un plan para revertir las estrictas normas de eficiencia, lo que habría dejado congelados a los vehículos en promedios de consumo de combustible en torno a 39 millas por galón para los años 2021 a 2026.

En ese entonces, el precio medio de un coche nuevo era de aproximadamente 34.342 dólares, según Kelley Blue Book. Al superar la era de Biden, en enero de 2021, el costo medio de un coche nuevo se movía alrededor de 49.191 dólares; luego, con la revisión de normas, se registró una cifra cercana a 43.355 dólares.

Con la actual discusión, la Casa Blanca sostiene que eliminar las normativas ambientales podría traducirse en una reducción de precios de venta al público, alegando que se eliminaría un gran peso regulatorio.

En términos numéricos, el costo de las regulaciones para cada automóvil a lo largo de su vida útil podría caer, en el mejor de los escenarios, en un rango que la administración ha cuantificado en unos aproximadamente 5.580 euros por vehículo. Supuestamente, estas cifras dependen de cálculos internos que descuentan impactos sobre la economía, la seguridad vial y la salud pública.

Los grupos ambientalistas advierten que desandar la Endangerment Finding —que identificó el peligro para la salud pública— podría erosionar avances clave en la reducción de emisiones y obstaculizar la capacidad de la EPA para responder ante nuevos hallazgos científicos

Por el lado de las críticas, los grupos ambientalistas advierten que desandar la Endangerment Finding —que identificó el peligro para la salud pública— podría erosionar avances clave en la reducción de emisiones y obstaculizar la capacidad de la EPA para responder ante nuevos hallazgos científicos.

Presuntamente, el argumento de la administración de que las normas son una carga excesiva para fabricantes y compradores podría convertirse en una excusa para desplazar responsabilidades regulatorias hacia el consumidor y el medio ambiente.

En el terreno práctico, muchos analistas señalan que la relación entre regulación y precios no es lineal ni garantizada. En el pasado, cambios en las normas han coincidido con escasas variaciones en los precios de venta, o bien con impactos temporales que se equilibran con otros factores del mercado, como la volatilidad de la cadena de suministro, la competencia entre fabricantes y las fluctuaciones del costo de la energía.

Supuestamente, la economía de los autos sigue estando sujeta a múltiples variables, y una lectura simplista de “menos regulación, coches más baratos” podría no ocurrir en la práctica.

La controversia, por tanto, no solo se centra en el coste inmediato de los vehículos, sino en el legado regulatorio para la salud pública, la calidad del aire y el compromiso de Estados Unidos con objetivos climáticos a largo plazo.

A medida que el litigio se desarrolla ante las cortes, los compradores y la industria vigilan de cerca estas tensiones entre economía, seguridad y medio ambiente, conscientes de que cualquier decisión podría configurar el rumbo del mercado automotriz en los próximos años.}