Kaiser Permanente acuerda liquidación de 9-66 millones de euros por mensajes de texto no deseados

Kaiser Permanente acuerda liquidación de 9-66 millones de euros por mensajes de texto no deseados

La aseguradora sanitaria pagará aproximadamente 9,66 millones de euros para resolver una demanda colectiva que alega envíos de mensajes de marketing tras el opt-out. Los integrantes de la clase podrían recibir hasta 69 euros por mensaje elegible.

Kaiser Permanente acordó pagar una liquidación de 9,66 millones de euros para resolver una demanda colectiva que alega que envió #mensajes de texto de marketing a clientes que habían indicado mediante una respuesta que no deseaban recibir más comunicaciones.

Este acuerdo, según las partes, busca cerrar un capítulo de posibles reclamaciones sin necesidad de un juicio prolongado. Los miembros de la clase podrían recibir hasta 69 euros por mensaje elegible, según el importe convertido de la cifra original en dólares y sujeto a la cantidad de mensajes recibidos en el periodo relevante.

En total, el importe en euros es aproximadamente 9,66 millones, lo que refleja una conversión basada en un tipo de cambio cercano a 0,92 euros por cada dólar.

Supuestamente, la liquidación cubre aquellos casos en los que los textos fueron enviados a más de una dirección de teléfono dentro de un plazo de 12 meses, y se limitaría a mensajes de marketing después de que el destinatario realizó una orden de stop.

Los textos en cuestión se habrían remitido entre el 21 de enero de 2021 y el 20 de agosto de 2025, según la información presentada en los documentos del acuerdo.

La aprobación de la liquidación tuvo lugar en una audiencia celebrada el miércoles 28 de enero de 2026 en el 11.º Circuito Judicial de Florida, en Miami, según registros judiciales. #Kaiser Permanente niega todas las acusaciones de irregularidades y señala que la resolución se alcanzó para evitar litigios costosos y prolongados.

En un comunicado enviado a los medios, la compañía afirmó que la negociación no constituye una aceptación de culpabilidad y que la empresa buscó una solución que fuera beneficiosa para las personas afectadas y para sus servicios sin disputas futuras.

Los titulares de la clase deben presentar sus reclamaciones a través del sitio web de la liquidación antes del jueves 12 de febrero de 2026. El proceso de liquidación podría incluir una única reclamación por cada participante, suficiente para cubrir todas las comunicaciones elegibles enviadas al número de teléfono del reclamante.

Esto es relevante porque, si bien el caso está cerrado desde el punto de vista judicial, aún podrían existir apelaciones que podrían afectar el momento de los pagos.

Este acuerdo se enmarca dentro de un conjunto de normas de protección al consumidor que regulan la publicidad por mensajes de texto en EE

En un marco más amplio, este acuerdo se enmarca dentro de un conjunto de normas de protección al consumidor que regulan la publicidad por mensajes de texto en EE.

UU. y que han sido objeto de mayor escrutinio en la última década. La Ley de Protección al Consumidor por Teléfonos (TCPA), promulgada en 1991, y leyes estatales como la FTSA en Florida, han sido herramientas utilizadas para limitar prácticas de marketing invasivas y proteger la privacidad de los usuarios.

A lo largo de los años, se han registrado otros casos similares en distintos sectores, incluidos servicios de salud, banca y tecnología, donde se han obtenido resoluciones que buscan compensar a las personas afectadas por comunicaciones no deseadas.

En ese contexto, este acuerdo con Kaiser Permanente podría considerarse un precedente para futuras reclamaciones en el ámbito sanitario y de telecomunicaciones.

Para las personas que sospechan haber recibido mensajes de marketing sin consentimiento, es posible que deseen revisar el sitio de la liquidación para confirmar si su información está incluida en el listado de reclamantes y para entender los criterios de elegibilidad.

Es vital revisar la página oficial de la resolución y las fechas límite de reclamación, ya que el proceso está sujeto a cambios por posibles apelaciones y decisiones judiciales posteriores.

Este caso, por tanto, no solo tiene un impacto económico para la compañía, sino que también pone de relieve el debate público sobre la privacidad, la responsabilidad de las instituciones de salud y la necesidad de mecanismos transparentes para que los usuarios controlen sus comunicaciones.

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