La administración de EE. UU. presuntamente usa la Ley de Fraude para vigilar programas DEI en grandes empresas

La administración de Estados Unidos podría estar, presuntamente, empleando la Ley de Reclamaciones Falsas para presionar a algunas de las mayores #empresas con programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Según reportes de medios y documentos oficiales citados por periodistas, el Departamento de Justicia ha empezado a emitir pedidos de investigación civil (CID, por sus siglas en inglés) para recabar información sobre cómo se diseñan y aplican estos programas #DEI en compañías de alto perfil.

Estas exigencias, que podrían derivar en sanciones si se prueba un uso indebido de fondos gubernamentales o una facturación engañosa, han generado un clima de incertidumbre entre directivos y asesores legales.

En este marco, se señala que entre las empresas afectadas figuran grandes nombres tecnológicos y de telecomunicaciones, como Alphabet (Google) y Verizon Communications, que supuestamente habrían recibido estas solicitudes para entregar documentos y correos internos relacionados con sus políticas DEI.

Aunque la administración sostiene que la revisión busca garantizar que el uso de fondos y contratos públicos no esté vinculado a prácticas fraudulentas, analistas y abogados advierten que la magnitud de estas investigaciones podría afectar la forma en que estas empresas gestionan sus presupuestos y reportes.

El debate ha trascendido lo técnico y ha adquirido connotaciones políticas. Dos factores históricos subyacen en este escrutinio: por un lado, la jurisprudencia sobre la Ley de Reclamaciones Falsas permite a funcionarios recuperar fondos cuando una entidad presenta reclamaciones fraudulentas o deshonestas ante el gobierno; por otro, la retórica política de años recientes ha visto en DEI un tema que puede ser objeto de regulación y revisión, especialmente cuando existen contratos gubernamentales en juego.

A falta de sentencias definitivas, la perspectiva de los analistas es mixta. Por un lado, las investigaciones podrían fortalecer controles internos y transparencia en los programas DEI, lo que algunos ven como un fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Por otro, existe preocupación por el impacto reputacional y por posibles costos legales, que podrían ascender a montos significativos si se confirmaran irregularidades.

En este punto, el Departamento de Justicia ha enfatizado que las acciones buscan proteger al erario y asegurar que las prácticas DEI de contratistas y proveedores no se conviertan en vehículos de fraude.

Las iniciativas DEI han sido tema central en el ámbito corporativo desde las últimas décadas

Históricamente, las iniciativas DEI han sido tema central en el ámbito corporativo desde las últimas décadas, con momentos de expansión y revisión en los años 90 y 2000, y una intensificación de normas y reportes en la última década.

En paralelo, el escrutinio público y regulatorio ha crecido ante preocupaciones sobre eficacia, alcance y costo de estas políticas.

Desde el punto de vista económico, algunas estimaciones señalan que las consecuencias regulatorias podrían incluir costos de cumplimiento, posibles multas y, en escenarios más graves, reestructuraciones de contratos.

En términos de magnitudes, las investigaciones y resoluciones del gobierno en casos de reclamaciones falsas a nivel federal han tenido históricamente un impacto financiero notable.

Por ejemplo, el año pasado, la administración recaudó casi 3.0 mil millones de dólares en acuerdos y sentencias vinculadas a este marco legal, lo que equivale, aproximadamente, a 2,8 mil millones de euros al tipo de cambio actual.

Esta cifra ilustra la presión que puede existir sobre las empresas ante señalamientos de fraude, incluso cuando el objetivo formal es garantizar el uso correcto de los fondos públicos.

Es importante entender que, a falta de veredictos definitivos, muchas de las afirmaciones que circulan en estos temas deben leerse con cautela. Supuestamente, la narrativa oficial busca reforzar la integridad de las contrataciones y la rendición de cuentas, pero presuntamente existen debates entre expertos sobre la mejor forma de equilibrar la lucha contra abusos con la protección de iniciativas que algunos defienden como herramientas para promover la equidad en el lugar de trabajo.

En cualquier caso, el desarrollo de estas investigaciones podría marcar un antes y un después en la manera en que las grandes empresas gestionan sus programas DEI y reportan sus resultados ante autoridades y públicos.

En resumen, la discusión pública se mantiene abierta: se espera que el DOJ siga recopilando evidencia y que los próximos meses aporten claridad sobre si estas acciones se convierten en un nuevo estándar de supervisión de las políticas DEI a nivel corporativo.

Lo que está claro, al menos, es que la relación entre diversidad, cumplimiento legal y financiamiento gubernamental continuará siendo un tema central para directivos, inversores y reguladores.