¡Mérito y apoyo! El Gobierno canario inyecta 920.000 euros para proteger a los niños en los Puntos de Encuentro Familiar

El Gobierno de Canarias, con la consejera Nieves Lady Barreto al frente, ha dado un paso firme para proteger a los más pequeños.

¿Cómo? Destinando casi un millón de euros (920.000 euros) a los #Puntos de Encuentro Familiar (PEF), esos lugares donde los niños y adolescentes pueden verse con sus padres o familiares cuando hay problemas en casa.

Estos puntos son como un espacio neutral, con profesionales que ayudan a que el encuentro sea seguro y tranquilo. Son clave cuando hay divorcios complicados, conflictos o incluso riesgo de violencia. La verdad es que, en una sociedad donde la #familia es el pilar fundamental, estas medidas son de sentido común. El Gobierno canario se ha puesto las pilas y ha repartido estas ayudas entre diez entidades que trabajan en varias islas.

Entre los beneficiarios está la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, que gestiona programas en el Norte, Fuerteventura y Santa Cruz de Tenerife.

También la Asociación Domitila Hernández, de Tacoronte, que lleva el programa Familias Domitila 2026. La Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar se encarga del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote. Y no podemos olvidar a Cruz Roja Española, que presta servicio en El Hierro, La Palma, La Gomera y Santa Lucía de Tirajana. Por último, la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias ha recibido fondos para el programa Coordinación de la parentalidad.

Estos Puntos de Encuentro Familiar no son nuevos

Estos Puntos de Encuentro Familiar no son nuevos. Llevan más de una década funcionando en Canarias y han demostrado ser una herramienta esencial para evitar que los niños sufran las consecuencias de las peleas entre adultos.

En tiempos donde la familia parece estar bajo amenaza, es tranquilizador ver que las autoridades ponen recursos para que los hijos sigan teniendo contacto con sus padres, siempre que sea seguro.

Además, estos recursos tienen un protocolo especial para casos de violencia de género. Ahí se reconoce a los menores y a sus madres como víctimas, y la intervención se centra en protegerlos y ayudarlos a recuperarse. Es una forma de decir basta a la violencia y de garantizar que los niños crezcan en un entorno sano.

Y no solo ayudan a las familias, sino que también alivian el trabajo de los juzgados. Facilitan que se cumplan las decisiones judiciales sobre visitas y custodia, evitando más tensiones. Por eso se consideran un servicio de interés público: contribuyen al buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

En resumen, esta inversión de 920.000 euros demuestra que el Gobierno canario se preocupa por la familia y por la justicia, dos pilares de nuestra sociedad. Una noticia que merece ser conocida y aplaudida. ¡Mérito y apoyo para quienes trabajan por nuestros niños!