Zaragoza exige al Gobierno un plan claro ante la regularización migratoria: financiación y coordinación para evitar un caos

El Ayuntamiento de #Zaragoza ha reiterado al Gobierno de España la necesidad de una planificación rigurosa, financiación suficiente y una coordinación efectiva ante la modificación del Real Decreto 1155/2024, que implica una regularización masiva de cientos de miles de personas migrantes en España.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha dejado claro que la medida está generando ya un caos de gestión, y ha puesto como ejemplo la saturación que se ha detectado en el 010, en los centros municipales de servicios sociales, en las juntas de distrito y en el Registro Municipal.

La Consejería señala que ha conocido la medida por los medios de comunicación y el Boletín Oficial del Estado, sin haber existido comunicación previa ni coordinación institucional por parte del Gobierno central ni de la Delegación del Gobierno.

Esto, según la representante del Ayuntamiento, dificulta la planificación y la respuesta que deben dar los servicios locales a residentes ya en Zaragoza.

Orós ha sido contundente: la norma está mal planificada, carece de financiación y no aporta criterios claros. En su opinión, podría convertir lo que podría ser una oportunidad en un problema de gestión para las administraciones, especialmente para las entidades locales, que deben asumir la carga de coordinar una llegada masiva de personas sin un marco de recursos.

Defiende una política migratoria ordenada, regular y vinculada al empleo y la inclusión, frente a lo que describe como una regularización improvisada.

SIN INFORMACIÓN NI FINANCIACIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

El Ayuntamiento está trabajando ahora mismo en recopilar y analizar la escasa información disponible, desde el punto de vista jurídico, social y presupuestario, a la espera de que el Gobierno aporte aclaraciones sobre el alcance de la medida y las responsabilidades de las entidades locales.

Orós subraya que el decreto no incluye una memoria de impacto económico —tal y como advirtió el Consejo de Estado— ni fija previsiones de financiación para las entidades locales.

También señala la ausencia de criterios objetivos para determinar la vulnerabilidad de las personas afectadas y no define qué administraciones serán competentes para tramitar los expedientes.

La consejera advierte de que la norma podría significar la regularización de entre 15.000 y 20.000 personas en Aragón, sin que se haya evaluado su impacto en los servicios públicos. Además, menciona las advertencias de sindicatos policiales sobre el procedimiento, apuntando que la exclusión de la Policía Nacional en determinadas fases del control administrativo podría reducir las garantías y aumentar el riesgo de errores o fraudes en la verificación de identidad y antecedentes.

Participación del tercer sector

Desde el Ayuntamiento se reconoce la necesidad de colaborar con la sociedad civil, pero la realidad es que, en Zaragoza, cinco entidades se han inscrito para colaborar en la elaboración de informes de vulnerabilidad; su actuación se limitará a las personas que ya atienden en sus propios recursos.

Orós resume la preocupación con una frase contundente: “está trasladándose una carga administrativa a los ayuntamientos que no podemos asumir con garantías, tensionando aún más unos servicios que ya están al límite”.

En este sentido, la consejera describe la medida como un modelo de “yo invito y otros pagan”.

Solicitud de claridad y acción urgente

El Ayuntamiento de Zaragoza va a solicitar formalmente al Gobierno de España información detallada

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza va a solicitar formalmente al Gobierno de España información detallada, recursos económicos y una clarificación urgente de los términos del decreto, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y ordenada.

Orós ha reiterado el rechazo del Consistorio a una medida que ve improvi- sada, opaca y sin planificación, y ha pedido una política migratoria responsable, coordinada y sostenible que tenga en cuenta el impacto real en las ciudades y en la convivencia.

“Además, el proceso de regularización masiva no es más que un parche temporal: seguimos necesitando soluciones estructurales porque la llegada de personas migrantes no se detiene”, ha dicho, subrayando la falta de transparencia del Gobierno de España.

PRESIÓN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL

Durante su intervención, Orós ha puesto el foco en el Albergue Municipal, donde las personas migrantes representan el 80% del total.

El perfil mayoritario es de origen africano (65%), y destaca el elevado número de personas con derecho a protección internacional que deberían estar atendidas en recursos estatales.

Actualmente, el Albergue acoge a 59 personas en esta situación, procedentes principalmente de Mali (40), Burkina Faso (17) y Somalia (2). “Estas personas tienen derecho a ser atendidas por el sistema estatal de acogida, pero están siendo asumidas por el Ayuntamiento”, ha denunciado.

Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema de protección internacional, dependiente del Gobierno a través de convenios con entidades sociales, cuenta en Zaragoza con 323 plazas vacantes, el 17% del total.

Orós recuerda que el Ayuntamiento ha invertido 5 millones en la ampliación y reforma del Albergue, ha reforzado el personal, ha incrementado los convenios con entidades sociales que trabajan con personas sin hogar y ha puesto a disposición más pisos tutelados, “pero la sensación es que nada es suficiente”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita la derivación urgente de estas personas a los recursos estatales correspondientes y la puesta en marcha de mecanismos de coordinación que eviten que se repita.

“Pedimos que se actúe con la máxima urgencia. La situación administrativa de estas personas no puede ser una excusa para retrasar su acceso a los recursos a los que tienen derecho”, ha señalado la consejera.

Contexto histórico y contexto futuro

Históricamente, la gestión de la acogida migratoria en España ha estado marcada por una convivencia de presencia central y responsabilidades compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos, con periodos de mayor y menor financiación y de negociación entre administraciones.

En Zaragoza, como en otras ciudades, esa dinámica ha obligado a improvisar soluciones ante llegadas no previstas y a reforzar recursos propios cuando el marco nacional no daba respuestas rápidas.

Este episodio reciente se enmarca en una tensión de largo plazo entre la necesidad de gestionar flujos migratorios y la capacidad de las ciudades para sostener servicios básicos, algo que en el pasado ha llevado a debates sobre financiación, competencia y coordinación entre administraciones.

A partir de ahora, la expectativa es que el Gobierno aporte claridad, recursos y un marco que permita a Zaragoza y a otras ciudades responder con eficacia, sin que la atención a una realidad humana se convierta en un cuello de botella para servicios que ya estaban al límite.