Gobernadora Hochul y fiscal general James lideran una demanda contra la administración Trump por imponer aranceles que incrementan ilegalmente los impuestos y dañan la economía estatal y nacional.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto con la fiscal general del estado, Letitia James, anunciaron hoy que tanto su estado como una coalición de 11 estados presentaron una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump por la imposición de aumentos de impuestos considerados ilegales.
Estos aumentos se implementaron mediante aranceles emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley que la coalición argumenta que ha sido utilizada de forma inapropiada y sin autorización del Congreso.
Desde que Trump asumió la presidencia en 2017, ha utilizado la IEEPA para imponer aranceles que afectan a casi todos los países del mundo, incluyendo a aliados cercanos como Canadá, México y la Unión Europea.
Estos aranceles, que inicialmente tenían como objetivo proteger ciertas industrias, se ampliaron en abril de 2023 para abarcar prácticamente todo el comercio internacional, afectando a productos desde electrónicos y maquinaria hasta bienes de consumo y materias primas.
La medida, según la demanda, ha causado daños económicos significativos, elevando los costos para consumidores y empresas en todo Estados Unidos.
Históricamente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional fue creada en 1977 para permitir al presidente tomar medidas en situaciones de crisis; sin embargo, la coalición sostiene que su uso para establecer aranceles globales sin la aprobación del Congreso viola la Constitución y los procedimientos legales establecidos.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., pide que se declare que estos aranceles violan la ley y que sean suspendidos inmediatamente.
La acción legal también busca evitar que la administración Trump continúe aplicando estos aranceles, que ya han provocado aumentos en los precios de productos esenciales y generan incertidumbre económica.
En Nueva York, los efectos ya se sienten: las tarifas de energía han aumentado debido a represalias comerciales, y el sector empresarial se enfrenta a una caída en las importaciones, lo que pone en riesgo la estabilidad de pequeñas y medianas empresas.
Expertos económicos advierten que estos aranceles podrían generar una recesión adicional, con la pérdida de decenas de miles de empleos en todo el país.
En particular, en Nueva York, se estima que la recesión provocada por estas medidas podría afectar a más de 35,000 empleos solo en la ciudad, además de que las agencias estatales podrían tener que pagar más de 90 millones de euros en costos adicionales por la inflación y el aumento en los precios de bienes y servicios.
Además, los aranceles de represalia impuestos por países como Canadá han incrementado las facturas de energía y otros productos básicos. La industria papelera y de impresión en Nueva York, por ejemplo, ha sido duramente afectada, con medios tradicionales como el periódico Cortland Standard anunciando que dejará de publicarse parcialmente debido a los costos adicionales que representan los aranceles sobre el papel prensa.
La demanda también señala que el uso de la IEEPA en estos casos no tiene precedentes y que la administración Trump ha sobrepasado sus competencias legales al emitir estos aranceles sin la autorización del Congreso.
La coalición argumenta que la ley no fue diseñada para que un solo mandatario imponga aranceles globales de forma unilateral y que este uso excesivo viola la Constitución y las leyes administrativas.
En la presentación, los fiscales generales de estados como Arizona, Colorado, Connecticut y otros, respaldan la demanda, buscando una orden judicial que declare que los aranceles son ilegales y que ordene a la administración Trump detener su aplicación.
La gobernadora Hochul ha estado en contacto con líderes federales y expertos económicos, alertando sobre los efectos devastadores que estas medidas tienen en la economía de Nueva York y en la estabilidad de los hogares y negocios del estado.
Este conflicto legal se desarrolla en medio de un contexto histórico en el que los aranceles han sido utilizados como herramienta de política exterior, pero también han sido fuente de controversia y debate sobre su impacto en la economía global.
La coalición espera que esta acción legal sirva para frenar la implementación de medidas que, según argumentan, están en contra de la ley y que solo generan daño a largo plazo para la economía estadounidense y sus ciudadanos.
