El gobierno canadiense aprueba una ley que otorga al Gabinete la facultad de autorizar pesticidas incluso cuando Health Canada los ha considerado inseguros, alegando motivos de economía y seguridad alimentaria. Expertos y partidos de la oposición advierten riesgos para la salud y el entorno.
En Ottawa se ha aprobado un cambio sustancial en la forma en que #Canadá regula los pesticidas. Con la recién introducida Bill C-30, el Gabinete podría dar luz verde al uso de #pesticidas incluso cuando Health Canada los haya considerado peligrosos, siempre que el interés económico o de #seguridad alimentaria del país lo justifique.
Es decir, el Gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de priorizar lo que considera necesario para la economía y la producción de alimentos por encima de lo que los científicos o reguladores sanitarios han señalado como seguro o no para la salud y el medio ambiente.
El texto no es explícito en qué se entendería exactamente por esos intereses de seguridad alimentaria. Esa vaguedad abre un margen de interpretación que preocupa a defensores de la salud y del entorno, pero también es visto por otros sectores como una herramienta para garantizar cosechas suficientes y precios estables ante un panorama climático y de costos que inquieta a la agroindustria.
En ese marco, el proyecto de ley fusiona medidas de #política económica con cambios en la regulación de plaguicidas que, para muchos, rompen con años de prudencia científica.
Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones ambientales y de salud, así como científicos de diversas universidades, han denunciado que se trata de la reforma más profunda de las reglas de pesticidas en una generación.
Señalan que dar carta blanca al Gabinete para sobrepasar decisiones basadas en la ciencia envía un mensaje peligroso: se antepone la economía a la protección de la gente y del entorno.
“Es increíble que, para salvar una cosecha, se pueda anular la ciencia y colocar en riesgo la salud pública”, declaró un experto en salud ambiental.
Entre las medidas controvertidas está la posibilidad de que el Gabinete autorice un pesticida incluso para una infestación “gravemente perjudicial”, aun cuando el ministro de Salud haya negado previamente su aprobación.
Ese producto podría usarse hasta por seis años, lo que genera inquietud sobre la durabilidad de los efectos a largo plazo sobre personas y ecosistemas.
Por otro lado, la autoridad puede conceder autorizaciones de emergencia para pesticidas no aprobados por el ministerio de Salud, para situaciones puntuales, siempre con restricciones y medidas de mitigación para reducir riesgos.
El NDP y el Green Party han cuestionado que se haya apretado el paso sin un debate amplio y con testimonios de científicos y expertos en salud y #medio ambiente poco considerados
El proceso ha levantado resistencias entre los partidos de oposición. El Bloc Québécoois, el NDP y el Green Party han cuestionado que se haya apretado el paso sin un debate amplio y con testimonios de científicos y expertos en salud y medio ambiente poco considerados.
Donald Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en tener una foto de ficha policial
Donald Trump ha pasado a la historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en tomar una foto de ficha policial. Esta imagen simboliza su responsabilidad legal y su desafío ante la ley.En el Senado también se ha señalado que, para una reforma de este tamaño, faltó escuchar a la comunidad científica y a actores sociales.
A nivel político, el oficialismo intenta defender la medida asegurando que se trata de una herramienta para evitar pérdidas de cosecha ante escenarios complejos y para reforzar la soberanía alimentaria del país.
El Gobierno ha destacado que, aunque habrá mayor transparencia, las decisiones serán temporales y sujetas a condiciones específicas. Además, han apuntado ejemplos de uso reciente autorizado de forma excepcional bajo la #legislación vigente, como la autorización temporal de strychnine en ciertas provincias para controlar infestaciones de roedores, que se ha presentado como un marco de referencia para la gestión de crisis.
La industria de los pesticidas, por su parte, ha reaccionado con un tono más optimista. CropLife Canada, la asociación que representa a las empresas del sector, celebra que la nueva normativa permita a los agricultores mantener la productividad, adaptarse a las presiones de plagas y seguir siendo competitivos a nivel global.
Sus representantes insisten en que la regulación debe equilibrar la protección de la salud y el medio ambiente con la necesidad de herramientas modernas e innovadoras para proteger las cosechas.
El propio ministerio de Salud afirmó públicamente que compartiría las decisiones de forma transparente y que cualquier uso “temporal” de ciertos pesticidas se haría bajo condiciones específicas para minimizar impactos ambientales.
La motivación oficial, además, citaba el incremento de costos en la cadena alimentaria y la importancia de mantener cosechas exitosas como parte de la estrategia de soberanía alimentaria.
En resumen, la aprobación de Bill C-30 marca un punto de inflexión en la regulación de plaguicidas en Canadá. Es un movimiento que, según el Gobierno, busca proteger la economía y la seguridad alimentaria; y que, para críticos, representa un riesgo claro para la #salud pública y el medio ambiente al diluir la frontera entre ciencia y política.
A partir de ahora, las próximas decisiones y su implementación serán observadas de cerca por comunidades científicas, ambientalistas y agricultores que esperan un marco claro, coherente y seguro a largo plazo.