En una reciente visita a la Fundación Juan XXIII, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado un proyecto innovador destinado a personas con autismo.

Este proyecto, programado para lanzarse a mitad del próximo año, contempla la creación de un piso público donde individuos con trastornos del espectro autista podrán recibir supervisión profesional mientras desarrollan habilidades esenciales para su independencia.

Esta iniciativa es parte del compromiso del gobierno regional por ofrecer atención gratuita y específica a las personas con discapacidades, una necesidad que ha sido atendida en la Comunidad de Madrid durante más de 55 años.

La Fundación Juan XXIII es un pilar en este ámbito, proporcionando apoyo a más de 4.000 personas en riesgo de exclusión social mediante la inclusión laboral y el desarrollo personal.

Con una inversión total de 250.000 euros, el nuevo hogar permitirá que los residentes entrenen sus habilidades para la vida diaria, como la cocina y el cuidado personal, vitales para fomentar su autonomía.

Este modelo de vivienda también se suma a otros esfuerzos, como el piso formativo de la Fundación, donde se imparten talleres prácticos que preparan a las personas con discapacidad intelectual para vivir de manera independiente.

Desde hace muchos años, la comunidad madrileña ha destinado recursos significativos para esta causa.

En efecto, la Fundación Juan XXIII recibe anualmente 6,5 millones de euros.

Esto se traduce en 289 plazas públicas en su centro ocupacional y otras iniciativas como el Centro de Día, que fomenta la rehabilitación laboral y programas de ocio.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha incrementado la capacidad del colegio de Educación Especial Juan XXIII-Buenafuente con un total de 12 nuevas plazas, amplificando su esfuerzo por la inclusión de estudiantes con necesidades especiales.

La presidenta Ayuso también subrayó otras soluciones que el gobierno ha implementado para mejorar la vida de personas con discapacidades y sus familias.

Una de estas es la creación de un registro de voluntades que permitirá a los progenitores dejar constancia de sus deseos sobre el futuro de sus seres queridos.

Este avance tiene como objetivo reducir la ansiedad de los padres sobre el bienestar de sus hijos con discapacidad en el contexto de su eventual ausencia.

Además, se planea habilitar unidades específicas en residencias de mayores donde padres e hijos con discapacidad puedan convivir, garantizando la atención personalizada y la cercanía emocional.

Esto busca no solo preservar el vínculo familiar, sino también ofrecer a los hijos con discapacidades una vida digna y autónoma.

Por último, dentro del marco de estas iniciativas, se hará posible la primera residencia pública para personas con discapacidad intelectual en fase de envejecimiento prematuro, ofreciendo 70 plazas repartidas en cinco unidades de convivencia, todo ello con un plan de reforma de 11,5 millones de euros previsto para 2025.

Este conjunto de medidas refleja un compromiso claro de la Comunidad de Madrid para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.