Ayuso impulsa una ley para defender el patrimonio y los eventos públicos con acción popular

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Tres Cantos, la aprobación de un Proyecto de Ley que permitirá al Ejecutivo regional ejercer la #acción popular en los casos en que se atente contra el #patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y #espectáculos públicos.

El texto será remitido próximamente a la Asamblea de #Madrid para su tramitación parlamentaria.

La medida busca reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial relevancia.

En la práctica, se trata de abrir la puerta para que la Administración regional pueda personarse en procesos penales, no solo para perseguir delitos comunes, sino para defender de forma directa y contundente aquello que se considera patrimonio de la comunidad y la correcta celebración de actos que requieren de #seguridad y orden.

Para hacer posible esto, el Gobierno regional modificará tres leyes relevantes en la región. En primer lugar, la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de habilitar la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su impacto territorial, revistan una gravedad significativa.

Es decir, si un hecho pone en riesgo bosques, cauces, fauna o recursos naturales que puedan afectar a muchísima gente, la Administración podrá intervenir directamente para defender esos intereses.

En segundo lugar, se ajustará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El fin es permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de acontecimientos de interés general.

Un ejemplo al que alude el propio anuncio es la última edición de la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa final se vio interrumpida por manifestantes y tuvo que ser suspendida a varios kilómetros de la capital.

Con la reforma, la Administración regional podría acudir como parte en defensa de la organización, de los asistentes y del normal desarrollo de la prueba, sin necesidad de esperar a que ocurra un daño ya consumado.

De Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

Por último, la normativa pretende incluir también la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. De esta forma se añaden delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental a la lista de casos en los que la Administración puede personarse para proteger esos bienes y reclamar los daños que se produzcan.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, la normativa no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), ni reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.

En otras palabras: no se erige como un único camino, sino como una herramienta más dentro del conjunto de mecanismos legales para salvaguardar los intereses de la ciudadanía y del patrimonio común.

Esta medida se enmarca, además, en un marco de actuaciones ya existentes en la región para proteger víctimas y colectivos ante situaciones graves.

La propia Comunidad señala que la acción popular ya se utiliza en causas de violencia contra la mujer y de terrorismo para salvaguardar a las víctimas y a sus familias, y ahora se quiere trasladar ese modelo a la defensa de bienes y eventos de interés general.

El objetivo final es claro: disuadir conductas delictivas de alto impacto, asegurar que lugares de valor histórico y natural se preserven para las generaciones futuras y garantizar que grandes acontecimientos públicos puedan desarrollarse con normalidad y seguridad.

En resumen, la propuesta de #Ayuso busca dotar a Madrid de una herramienta más para defender su patrimonio y su vida pública ante delitos que dañen bienes clave o que alteren la celebración de eventos de interés general.

La próxima fase es la tramitación en la Asamblea, donde la oposición podrá aportar enmiendas y matices sobre cómo se aplica exactamente la acción popular en estos ámbitos.