El gobierno australiano está atento a la propuesta de EE. UU. de prohibir el software y hardware chino en vehículos nuevos, citando preocupaciones de seguridad nacional.
El gobierno australiano, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, está prestando una atención especial a los recientes movimientos del gobierno de los Estados Unidos que buscan prohibir el uso de software y hardware chinos en vehículos inteligentes.
Esta acción se deriva de crecientes preocupaciones sobre la seguridad nacional, particularmente con la posibilidad de que empresas chinas puedan acceder y rastrear datos de los conductores estadounidenses, además de manipular sus vehículos a través de los sistemas de comunicación y el software de conducción automática de los automóviles.
El Departamento de Comercio de EE. UU. tiene previsto anunciar esta propuesta el lunes, reconociendo que existe un riesgo significativo relacionado con la tecnología automotriz conectada fabricada en China.
La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, ha advertido sobre la posibilidad de que datos sensibles se compartan con el gobierno de Pekín, lo que podría poner en riesgo la seguridad de millones de vehículos.
“Uno puede imaginar el resultado más catastrófico teóricamente si hubiese un par de millones de automóviles en la carretera y el software fuera deshabilitado”, afirmó Raimondo en una declaración realizada en mayo.
Esta prohibición sigue a una investigación que se llevó a cabo durante varios meses a instancias del presidente Joe Biden.
En un contexto más amplio, el gobierno de EE. UU. ya había impuesto un arancel del 100% a los vehículos eléctricos importados desde China, en un intento de proteger su industria automotriz local de la competencia desleal.
Sin embargo, la nueva medida está más centrada en preocupaciones de seguridad que en medidas proteccionistas.
No sólo las tecnologías chinas están bajo la lupa; se espera que la prohibición también se extienda a tecnologías automotrices producidas en Rusia, donde preocupaciones similares sobre la interferencia de actores estatales extranjeros se aplican.
Esto subraya la creciente tensión entre países occidentales y las potencias autoritarias en un sector que cada vez más se considera estratégico.
En respuesta a esta situación, el portavoz de asuntos internos de la oposición, James Paterson, ha instado al gobierno australiano a aclarar las medidas que piensa implementar para abordar estos riesgos.
“Es difícil ver cómo es de nuestro interés nacional que compañías con sede en un estado autoritario lleguen a ser el proveedor dominante de vehículos en Australia y mantengan acceso a la enorme cantidad de datos que recogen”, declaró Paterson.
Históricamente, el sector automotriz ha sido un pilar importante de las economías globales, y su evolución en la era digital ha traído consigo no sólo innovación, sino también desafíos en términos de seguridad privada y nacional.
La propuesta estadounidense representa un momento decisivo que puede influir en cómo otros países manejan la intersección entre tecnología y seguridad en sus propias políticas.
Australia, al estar alineada estrechamente con las políticas de EE. UU., podría verse obligada a considerar también las implicaciones de la adopción de tecnología extranjera en su infraestructura vehicular futura.
Este asunto resalta la necesidad de un debate nacional sobre la soberanía digital y la protección de los datos de los ciudadanos en un mundo cada vez más interconectado.