El reciente incremento en el salario de la mandataria peruana ha provocado críticas y debates sobre la transparencia y legalidad de la medida, en medio de una creciente desaprobación popular.
El decreto, firmado por la propia mandataria y por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, responde a la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil, según se indica en el documento oficial.
La norma justifica el incremento argumentando la necesidad de ajustar la compensación económica de la presidenta en consonancia con los cambios normativos y administrativos en el sector público.
El aumento ha disparado las críticas en el Congreso, donde la comisión de Fiscalización ha citado a varias autoridades, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, al ministro de Economía y al presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Guillermo Valdivieso.
El objetivo es esclarecer si el incremento cumple con los requisitos legales, de transparencia y si fue coordinado correctamente entre las instituciones involucradas.
Diversos congresistas de diferentes bancadas han manifestado su rechazo a la medida, argumentando que el aumento es excesivo y que no refleja la realidad económica del país.
La presidenta Boluarte ahora cobra casi 35 veces el salario mínimo mensual, que en #Perú es de aproximadamente 1.300 soles, o cerca de 300 euros. Con este sueldo, Boluarte se posiciona como una de las mandatarias mejor pagadas del continente, superando ampliamente a sus predecesores.
Tenían #salarios que oscilaban entre 15
Históricamente, los últimos presidentes peruanos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, tenían salarios que oscilaban entre 15.600 y 20.000 soles mensuales, equivalentes a unos 3.600 a 4.600 euros. La diferencia ahora es notable, y algunos analistas sugieren que el incremento puede estar vinculado a intentos de consolidar poder en medio de una crisis #política y social que ha sacudido al país en los últimos años.
Supuestamente, la medida podría estar relacionada con la estrategia del gobierno para fortalecer la imagen de la presidenta ante un panorama de descontento popular y protestas constantes.
Además, algunos expertos consideran que el aumento salarial podría ser un intento de mejorar la percepción internacional del liderazgo peruano, aunque las críticas internas continúan creciendo.
Por otra parte, diversos sectores de la población y organizaciones sociales han expresado su desacuerdo, señalando que en un contexto de crisis económica y social, incrementar el salario presidencial resulta inapropiado y genera más malestar.
La situación refleja la polarización en el país, donde las decisiones del gobierno son vistas con escepticismo por amplios sectores de la ciudadanía.
En definitiva, el aumento en el salario de la presidenta Boluarte ha abierto un intenso debate sobre la transparencia, la justicia social y la legalidad de las decisiones en medio de una coyuntura política complicada.
