El abogado de Galvarino Apablaza presenta ante la ONU un recurso ante el Comité contra la Tortura para impedir una extradición hacia Chile y exigir garantías procesales; acusa a Argentina y Chile de perseguir políticamente al ex líder del FPMR.
Rodolfo Yanzón, el abogado que defiende a Galvarino #Apablaza Guerra, llevó el tema a la #ONU para intentar frenar lo que denomina un proceso de detención con fines de #extradición hacia Chile.
Apablaza, antiguo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es señalado por las autoridades chilenas y argentinas como el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.
En su escrito, la defensa sostiene que las acciones de Argentina y #Chile contra Apablaza están siendo criminalizadas de forma anticipada y que, por esa razón, la extradición responde a motivaciones políticas y podría carecer de las garantías mínimas del debido proceso.
La denuncia fue presentada ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, un órgano que vigila que los países cumplan la Convención contra la Tortura.
El objetivo, dicen los defensores, es obtener una intervención inmediata que obligue a proteger al “Sr. Galvarino Apablaza Guerra” y a impedir que Argentina acepte la extradición hasta que se resuelva el trámite de asilo y se analice, de forma detallada, si se aplica el principio de #no devolución en los términos del artículo 3 de dicha Convención.
En palabras del escrito, se busca evitar que Apablaza sea enviado a un país donde podría enfrentarse a condiciones que constituyan tortura o tratos crueles e inhumanos.
La defensa sostiene que el supuesto riesgo de daño irreparable no se limita a la posibilidad de que el excandidato a prisión de por vida sea devuelto a Chile, sino que también convergen su avanzada edad y un precario estado de salud.
Por ello, piden que, de forma cautelar, el Gobierno argentino se abstenga de entregar al demandante mientras se revisa minuciosamente el recurso de queja y se analizan las condiciones en las que podría desarrollarse un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales.
En este sentido, señalan que la persecución no ha dejado de existir durante 35 años, y que por ello cualquier decisión debe sopesar de manera cuidadosa las circunstancias del caso.
Que Apablaza y su entorno han sido objeto de una persecución continua desde hace décadas
La defensa destaca, además, que Apablaza y su entorno han sido objeto de una persecución continua desde hace décadas. Según el escrito, en su país de origen se le acusa de asesinato y secuestro sin pruebas concluyentes, lo que habría desencadenado una “cacería” en su contra.
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Los defensores subrayan que la revocación de ese estatus aún no es firme, ya que se ha presentado un recurso de queja para que la Corte Suprema analice la procedencia del recurso extraordinario y, en esa línea, las cuestiones de derecho planteadas por Apablaza.
El escrito también cita el caso de Ricardo Palma Salamanca, otro integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien, según la defensa, fue reconocido como refugiado político en Francia, entre otros motivos porque fue torturado al ser detenido en 1991 y por su declaración extrajudicial realizada en esas circunstancias, que se tomó como elemento de cargo contra otros militantes.
Este componente histórico busca contextualizar la trayectoria de Apablaza dentro de la lucha de su grupo y la manera en que los exiliados y refugiados han sido tratados en el pasado por diferentes jurisdicciones europeas y latinoamericanas.
El historial de Apablaza y del #FPMR se remonta a los años 80 y principios de los 90, cuando Chile vivía una transición difícil tras la dictadura de Pinochet.
Jaime Guzmán, figura clave de la Constitución de 1980 y referente del bando que apoyaba al régimen, fue asesinado en 1991 por un grupo vinculado al FPMR; este hecho dejó una huella duradera en la memoria política chilena y marcó uno de los episodios más controvertidos de la transición.
A partir de ahí, tanto en Chile como en otros países, los debates sobre autodeterminación, seguridad y #derechos humanos han seguido su curso, con posturas muy diversas y, para algunos, con signos de tensión entre justicia, política y seguridad interior.
En ese contexto, la noticia de la denuncia ante la ONU se entiende como una pieza más de un tablero internacional donde las garantías procesales, la no devolución y la defensa de la integridad de las personas siguen estando en el centro de la polémica.