El Tribunal Supremo de Israel ha declarado inconstitucional una parte fundamental de la polémica reforma judicial propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que podría reabrir las heridas en la sociedad israelí que precedieron a la guerra actual contra Hamas.

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En Jerusalén, el Tribunal Supremo de Israel ha declarado inconstitucional una parte clave de la reforma judicial propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Esta decisión histórica podría reavivar las fracturas en la sociedad israelí que precedieron a la guerra actual contra Hamas.

La ley formaba parte de una reforma judicial más amplia propuesta por Netanyahu y su coalición de socios religiosos y nacionalistas.

Esta reforma había generado una profunda división y preocupación sobre los principios democráticos del país entre los aliados occidentales, y amenazaba con desencadenar una crisis constitucional entre los poderes judicial y legislativo.

La decisión del tribunal del martes podría poner a prueba la cohesión del gobierno de emergencia formado para gestionar la guerra contra Hamas, el cual incluye partidarios intransigentes como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, y críticos de la reforma judicial como el centrista Benny Gantz y el ministro de Defensa Yoav Gallant.

Smotrich desestimó la decisión como "extrema y divisiva", reflejando las amargas divisiones que marcaron la política israelí en los meses previos al mortal ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre.


El ministro de Justicia, Yariv Levin, un aliado de Netanyahu y el arquitecto de la reforma judicial, criticó duramente la decisión del tribunal, afirmando que demostraba "lo opuesto al espíritu de unidad que se necesita en estos días para el éxito de nuestros soldados en el frente".

Netanyahu, primer ministro de Israel, no hizo comentarios públicos inmediatos sobre la decisión del tribunal.

La nueva legislación presentada ante el tribunal había eliminado algunas, pero no todas, las herramientas que el Tribunal Supremo tenía para anular las decisiones del gobierno y los ministros.

Se había eliminado la capacidad del tribunal de anular dichas decisiones que considerara "irrazonables".

Doce de los quince jueces dictaminaron que estaba dentro de los parámetros del tribunal anular las "leyes básicas" cuasi-constitucionales.

Una mayoría menor de ocho jueces decidieron anular esta ley básica específica, que el tribunal consideró que "causa daños graves e inéditos a las características fundamentales de Israel como estado democrático".