Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcoterrorismo en Nueva York y la defensa apunta a irregularidades

Este lunes, #Nicolás Maduro compareció ante el tribunal del Distrito Sur de #Nueva York junto a su esposa Cilia Pérez para enfrentar los cargos presentados por Estados Unidos.

La sesión inaugural, descrita por la defensa como crucial, sirvió para abrir el proceso judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre Caracas y Washington.

En el transcurso de la audiencia, Maduro sostuvo su inocencia y reiteró su posición ante los magistrados, en un marco que algunos analistas definen como una escalada inédita en la confrontación entre el Ejecutivo venezolano y las autoridades estadounidenses.

El equipo de defensa del mandatario quedó a cargo del abogado Barry Pollack, un profesional con más de tres décadas de trayectoria cuyos casos más resonantes han pasado por la lupa internacional.

Durante la diligencia, Pollack afirmó que, por el momento, no se adherirá a la petición de libertad bajo fianza para su cliente, y, además, cuestionó la legalidad de lo que él llama una supuesta “abducción militar” de un jefe de estado soberano, argumentando que Maduro podría invocar privilegios derivados de su cargo para justificar su posición.

Este posicionamiento constituye una línea de defensa que podría definirse como una apuesta por el marco institucional de un estado, frente a un proceso que, según los defensores, podría verse afectado por factores extrajurídicos.

La jueza a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, fijó para la segunda audiencia judicial una fecha cercana en el calendario: el 17 de marzo. Este dato, que ya circulaba en círculos judiciales, parece confirmar que el proceso tendrá un ritmo acelerado y podría exigir una defensa coordinada en las próximas semanas.

En paralelo, se presentó el perfil de Pollack ante la opinión pública: el abogado se hizo especialmente conocido por su trabajo en el caso de Julian Assange ante el tema de Wikileaks.

Según la biografía profesional disponible, su intervención en ese asunto terminó con un acuerdo de culpabilidad que, según las fuentes, facilitó la liberación de Assange en 2024, según consta en la página web de su firma.

Este antecedente ha alimentado el debate sobre la capacidad del defensor para manejar causas de carácter estratégico y mediático a nivel internacional.

Otras referencias en la esfera legal destacan que Pollack ha ejercido roles de liderazgo en la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y ha trabajado en casos vinculados a delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como en causas civiles relacionadas con crimen organizado.

Dentro de #Venezuela y entre observadores internacionales

Estas credenciales se interpretan, dentro de Venezuela y entre observadores internacionales, como un apoyo importante para la defensa en un escenario que suele estar bajo intenso escrutinio.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, que también fue detenida en Estados Unidos, recibió representación de otro despacho. Se comentó que el abogado seleccionado para ella es Mark Donnelly, cofundador de una firma con trayectoria en el Departamento de Justicia estadounidense.

Donnelly, según la firma, participó en investigaciones y juicios relevantes en Texas, incluyendo un caso que involucró al fiscal general Ken Paxton por presuntos sobornos y abuso de poder, disputado en 2023 y que terminó en exoneración federal, aunque con investigaciones subsiguientes.

Aunque estas piezas de información ayudan a entender la magnitud del equipo legal, el desglose exacto de cargos y pruebas permanece bajo confidencialidad del proceso y de la fiscalía.

Los cargos que, presuntamente, se imputan a Maduro en este proceso incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos armamentos y dispositivos contra Estados Unidos.

Estas imputaciones, que forman el eje central de la acusación, podrían abrir una etapa de litigio centrada en la interpretación de leyes de seguridad nacional y de cooperación internacional.

Supuestamente, el desarrollo del caso dependerá, además, de la cooperación entre las autoridades estadounidenses y las agencias de justicia extranjeras, así como de las estrategias que el equipo de defensa decida emplear ante un entramado de cargos de alta repercusión política y jurídica.

En el marco de la historia reciente, este episodio se inscribe en una serie de tensiones entre la política venezolana y la comunidad internacional, marcada por sanciones, litigios y un debate público sobre la legitimidad de las acciones llevadas ante los tribunales estadounidenses.

Presuntamente, el proceso podría extenderse a etapas de apelación y revisión, mientras el escrutinio internacional continúa. En cualquier caso, este capítulo añade un nuevo focal de análisis para especialistas en derecho internacional, finanzas públicas y relaciones exteriores, que observarán de cerca si el procedimiento mantiene su curso o si emergen cambios estratégicos en las próximas semanas.