Supuestamente, el exmandatario argentino Alberto Fernández ha sido procesado por la justicia por su presunta implicación en actos de corrupción relacionados con contratos de seguros concedidos desde el Estado, que habrían favorecido a su entorno cercano. La medida judicial también afectó a otras 33 personas vinculadas a estas irregularidades.
La causa se centra en la contratación de #seguros públicos, un sector que, según las investigaciones, fue utilizado para beneficiar a allegados y favorecer a ciertos intermediarios a cambio de beneficios económicos.
El juez Sebastián Casanello, responsable del caso, procesó a Fernández bajo el cargo de 'negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública', una figura que en #Argentina puede conllevar penas de prisión de uno a seis años, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Además de Fernández, otras 33 personas fueron procesadas en el mismo proceso, incluyendo funcionarios, intermediarios y aseguradoras.
En concreto, la investigación reveló que Héctor Martínez Sosa, un bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, supuestamente fue beneficiado por un decreto firmado en diciembre de 2021.
Este decreto, presuntamente, autorizó a las entidades públicas a contratar los servicios de Nación Seguros, una compañía del Banco Nación. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, habría sido utilizada para favorecer a ciertos intermediarios que cobraron altas comisiones por sus servicios.
El magistrado precisó en su fallo que Fernández autorizó esta contratación mediante un decreto que favoreció a ciertos amigos y allegados del exmandatario, lo que supuestamente generó un perjuicio al Estado argentino.
Además, el juez ordenó el embargo de bienes por un valor aproximado de 11,65 millones de dólares (unos 10 millones de euros), en un intento de asegurar posibles reparaciones económicas por los daños causados.
Exjefe de Nación Seguros
Por su parte, María Cantero fue procesada por negociaciones incompatibles y incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Héctor Martínez Sosa, por su parte, fue considerado partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, mientras que Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, fue acusado de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Supuestamente, esta misma investigación se inició tras una denuncia presentada en febrero de 2024 por la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Fernández de violar deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
La denuncia se centró en el decreto 831, firmado en diciembre de 2021, en el cual se ordenó que todos los organismos públicos contrataran seguros únicamente con Nación Seguros, una medida que se habría utilizado para beneficiar a intermediarios y cobrar comisiones millonarias.
Este caso no es el primero que involucra a Fernández en temas de corrupción, ya que en el pasado diferentes investigaciones y acusaciones han apuntado a supuestos manejos irregulares durante su gestión.
Sin embargo, supuestamente, esta es una de las acciones judiciales más contundentes en su contra, que podría tener repercusiones significativas en su carrera #política y en la percepción de su gestión ante la ciudadanía argentina.
