Las fuerzas de seguridad en Colombia anuncian una recompensa de hasta 270.000 euros por información que permita detener al presunto autor del ataque contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras el atentado.
La Fiscalía y la Policía ofrecen una recompensa de hasta 1.200 millones de pesos colombianos, aproximadamente 270.000 euros, por información que conduzca a la captura de este individuo, presuntamente el cerebro logístico del ataque.
Supuestamente, el objetivo de la recompensa es incentivar a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones, que hasta ahora han dado algunos avances significativos.
El principal sospechoso, identificado como Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', de 40 años y con antecedentes delictivos, es señalado por la Fiscalía como el planificador y dinamizador del atentado.
Según las hipótesis oficiales, 'el Costeño' sería la mente detrás de la operación, que dejó a Uribe Turbay en estado crítico tras recibir dos disparos en la cabeza durante un acto de campaña.
El suceso ocurrió en un contexto político muy tenso en Colombia
El suceso ocurrió en un contexto político muy tenso en Colombia, donde las elecciones presidenciales de 2026 se acercan y los niveles de violencia #política han aumentado en los últimos meses.
La historia del #atentado se remonta a un período en el que las amenazas y la violencia contra figuras públicas se han incrementado, presuntamente relacionadas con grupos políticos y organizaciones criminales que buscan influir en el proceso electoral.
La policía colombiana ha detenido ya a cuatro personas relacionadas con el ataque. Entre ellas se encuentra un menor de 15 años que fue capturado en flagrancia con una pistola Glock, la misma arma utilizada en el atentado, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Los otros tres implicados, identificados como Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz, están acusados de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y de haber utilizado a un menor en la comisión del delito.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, en una rueda de prensa ofrecida en Medellín, afirmó que los avances en la investigación son alentadores, aunque aún no hay pruebas definitivas que confirmen un móvil político.
