El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, planea realizar una reforma de las leyes de control de exportación en su país con el objetivo de garantizar el acuerdo de submarinos del AUKUS, valorado en 368 mil millones de dólares, mientras se embarca en una intensa campaña de cuatro días para convencer a los miembros de un Congreso dividido paralizado por disputas internas en el Partido Republicano.

Horas después de llegar a Washington para una reunión muy esperada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Albanese dijo que los políticos estadounidenses de todos los lados comprendían el valor del AUKUS y querían "hacerlo bien".

"Tengo mucha confianza en que habrá un resultado muy positivo", afirmó.

"Y eso se debe tanto al compromiso del presidente Biden con esto, como a su participación con el Congreso y los senadores".

Pero con un Congreso en desorden sin un presidente de la Cámara -y, por lo tanto, incapaz de avanzar con el esperado pacto de submarinos- Albanese anunció que su gobierno presentaría una legislación este año para reformar los controles de exportación de Australia.

La nueva legislación agilizaría la forma en que Australia comparte información y tecnología sensible con Estados Unidos y el Reino Unido, permitiendo la exportación de ciertos bienes de defensa sin necesidad de un permiso.

También podría ayudar a aliviar las preocupaciones de los miembros del Congreso que están renuentes a compartir los secretos nucleares impulsados por la energía de Estados Unidos con Australia.

Diplomáticos y políticos australianos y estadounidenses temen que el plan de comprar cinco submarinos clase Virginia hechos en Estados Unidos a principios de la próxima década, antes de que comience la construcción de otros ocho submarinos de la clase AUKUS, se posponga una vez que Estados Unidos entre en un año electoral volátil en 2024.

Todavía se deben aprobar múltiples proyectos de ley para hacer realidad el AUKUS, incluidas leyes que permitan la transferencia de los submarinos clase Virginia a Australia; un proyecto de ley que categorice a Australia como una "fuente nacional" para la producción militar bajo la Ley de Producción de Defensa de Estados Unidos; y una solicitud de financiamiento de 3 400 millones de dólares por parte de la Casa Blanca para fortalecer la base industrial de la Armada de Estados Unidos, ante las preocupaciones de algunos republicanos de que el AUKUS pueda sobrepasar sus capacidades.