El Concello de La Coruña ha aprobado un nuevo reglamento para la creación del Consejo Económico y Social, un órgano que busca potenciar la participación de diferentes sectores en la planificación y gestión de la ciudad, promoviendo mayor transparencia y colaboración entre actores económicos, sociales y institucionales.
Este órgano consultivo tiene como objetivo principal integrar a distintos sectores sociales, económicos y sindicales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y la planificación urbana.
Desde su creación, se espera que el consejo contribuya a mejorar la participación y la transparencia en cuestiones clave para la ciudad, ofreciendo una visión holística sobre los proyectos y propuestas que afectarán a #La Coruña en los próximos años.
Además de la elaboración de una memoria anual, este organismo tendrá la facultad de emitir dictámenes sobre los grandes proyectos previstos en la ciudad, garantizando que las decisiones tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores implicados.
La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, expresó que "la creación del #Consejo Económico y Social supone un avance significativo para fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
Este consejo aportará una visión plural y completa del municipio a través de la aportación de todos los sectores que lo componen". Tras la aprobación del reglamento en la Xunta de Goberno, ahora el texto deberá pasar por una votación favorable en el Pleno municipal para su aprobación inicial, con un período de alegaciones y propuestas de 30 días.
El reglamento define la composición, funciones y forma de funcionamiento del consejo, que estará integrado por cinco grupos diferenciados. La primera sección incluirá a la alcaldesa, Inés Rey, quien presidirá el consejo, además de un representante del Gobierno municipal con competencias en economía y un miembro designado por cada grupo del pleno del Ayuntamiento.
El segundo grupo estará formado por organizaciones empresariales, con tres representantes propuestos por la organización más representativa. El tercer grupo estará compuesto por sindicatos, también con tres miembros, elegidos en función de su nivel de representatividad.
El cuarto grupo contará con representantes sociales a nivel colectivo: una persona de la Universidad de La Coruña
Por otro lado, el cuarto grupo contará con representantes sociales a nivel colectivo: una persona de la Universidad de La Coruña, una de la Cámara de Comercio, otra de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Coruña y un representante de los colegios profesionales locales.
Finalmente, el quinto grupo estará formado por hasta cinco individuos destacados en los ámbitos económico, social o cultural, designados por el Pleno municipal a propuesta de los diferentes grupos políticos.
Es importante destacar que la creación del Consejo Económico y Social de La Coruña no es un acontecimiento aislado, sino que responde a una tendencia global de promover mecanismos de participación ciudadana en las decisiones urbanísticas y económicas.
Desde principios del siglo XX, las ciudades europeas han buscado fortalecer la colaboración entre administraciones, instituciones y ciudadanía para afrontar los desafíos del crecimiento urbano, la sostenibilidad y la innovación social.
Este consejo pretende ser un ejemplo de participación activa, permitiendo que diferentes voces contribuyan a la construcción de un futuro más transparente y participativo para La Coruña, una ciudad con una historia marcada por su actividad portuaria e industrial, y que busca seguir siendo un referente en desarrollo sostenible en la región.
El reglamento aprobado será sometido a debate en el pleno ordinario previsto para este mes de julio, y tras la votación preliminar, se abrirá un período de 30 días para presentar alegaciones y propuestas de modificación, fortaleciendo aún más el consenso y la participación en este proceso.
Este acuerdo sitúa a La Coruña en la línea de otras urbes españolas que han instaurado consejos similares, promoviendo la colaboración multimodal y el involucramiento activo de sus ciudadanos en la gestión pública.
