El Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco mantienen reuniones estratégicas para abordar el déficit de vivienda en la ciudad, promoviendo proyectos que suman más de 3.500 viviendas y herramientas legislativas para agilizar su desarrollo.
En la ciudad, la crisis de #vivienda se ha intensificado en los últimos años, afectando a un porcentaje considerable de la población joven y de clases medias, que enfrentan dificultades para acceder a un alojamiento digno y asequible.
El pasado martes, en una reunión en el ayuntamiento de Donostia, el alcalde Jon Insausti y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del País Vasco, Denis Itxaso, se reunieron junto a sus equipos técnicos.
Se trató de la primera sesión formal de coordinación en la que ambas instituciones acordaron la creación de un marco de trabajo colaborativo para potenciar la construcción de viviendas sociales y proteger a quienes más lo necesitan.
Insausti destacó la urgencia de atender la emergencia habitacional en la ciudad y propuso impulsar la construcción en la parcela de Auditz Akular, un área que podría generar aproximadamente 2.7 millones de euros en inversión pública, según estimaciones preliminares. Este terreno, situado en un punto estratégico de Donostia, podría albergar alrededor de 3.000 nuevas viviendas, de las cuales una parte significativa sería destinada a viviendas sociales, para responder a la demanda de alquiler y compra asequible.
Por su parte, Itxaso expresó el compromiso del #Gobierno Vasco de colaborar en diversos proyectos y anunciar una serie de iniciativas legislativas. Entre ellas, destacó la importancia de continuar con la operación en los cuarteles de Loiola, donde se proyectan más de 400 viviendas, además de avanzar en inspecciones y permisos en expedientes como Txomin-Enea II, con una inversión estimada de aproximadamente 370.000 euros, y en la demolición de la antigua cárcel de Martutene, que abriría nuevas posibilidades para nuevos desarrollos urbanísticos.
El consejero también hizo referencia al proyecto en la playa de Vías, en el barrio de Amara-Easo, que contempla la construcción de cerca de 500 viviendas, y en el que además se están aportando terrenos públicos sin coste para facilitar la edificación de viviendas protegidas.
Este ejemplo ha sido resaltado como un modelo que podría replicarse en otros ámbitos de la ciudad.
Asimismo, ambas instituciones expresaron interés en aprobar y ejecutar el Plan Especial de Riberas de Loiola, que prevé la construcción de 83 alojamientos dotacionales para mejorar la integración social y la movilidad urbana.
100 viviendas en diferentes desarrollos
Dado que el Ejecutivo autonómico ya ha comprometido en torno a 1.100 viviendas en diferentes desarrollos, consideran imprescindible activar un plan de actuación conjunto que incluya protocolos claros y una rápida tramitación de permisos.
En este contexto, se anunció que en aproximadamente 18 meses, con el impulso de una próxima reforma legislativa promovida por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, se facilitaría la realización de operaciones urbanísticas similares a las ya mencionadas, permitiendo que #Donostia avance en la creación de un parque de viviendas amplio y diversificado.
Desde un enfoque histórico, cabe recordar que Euskadi cuenta con una de las políticas de vivienda más avanzadas de España, con un sistema de colaboración entre administraciones que data de los años 80, diseñado para promover la cohesión social y mejorar el acceso a la vivienda asequible.
La apuesta actual por modernizar y agilizar los procesos legislativos responde a la necesidad de adaptarse a las demandas crecientes de la población, en un contexto europeo donde Barcelona, París o Munich también están liderando esfuerzos similares para garantizar derechos básicos en materia de vivienda.
