El Gobierno Vasco continúa implementando medidas para limitar los precios de alquiler en municipios considerados tensionados, beneficiando a más de un millón de residentes en la región. En 2023, ya se ha asegurado que el 90% de los contratos están protegidos, y se espera que para finales de año, el 70% de la población vive en zonas con límites claros en los incrementos. La publicación del Índice de Precios de Referencia en Gipuzkoa antes de octubre marca un avance importante en la regulación de alquileres.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, confirmó que las políticas de protección ya están en marcha y se aplican al 90% de los contratos en los municipios considerados zonas tensionadas, con la previsión de llegar al 100% en Gipuzkoa en las próximas semanas, tras la publicación del Índice de Precios de Referencia para ese territorio.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para aliviar la presión en el mercado de la vivienda, que en Euskadi afecta a más de un millón de ciudadanos, aproximadamente el 50% de la población de la comunidad.
La iniciativa tiene como objetivo frenar los incrementos descontrolados en los precios de alquiler, que en los últimos años han subido por encima del IPC, afectando tanto a inquilinos como a propietarios.
La #regulación de precios en municipios tensionados implica límites a las subidas anuales, basados en un índice de referencia que en Gipuzkoa se publicará antes de finalizar septiembre.
En Bizkaia, el trabajo para determinar el mismo índice está en marcha y se estima que concluirá en aproximadamente seis meses. La aplicación de los límites significa que, en estos municipios, los contratos de alquiler existentes no podrán aumentar más allá de lo establecido por el índice, protegiendo a los inquilinos de incrementos abusivos.
El consejero también resaltó que, para finales de 2023, más del 70% de la población de Euskadi residirá en municipios tensionados, y que en estos territorios, unos 40.000 contratos en vigor estarán sujetos a estas medidas de protección. La implementación de estas políticas ha sido reforzada por la colaboración con el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), cuyo trabajo ha sido elogiado por su rigor metodológico y precisión.
A pesar de los avances, existen dificultades en la recopilación de datos tributarios, especialmente en Bizkaia y Álava. En Bizkaia, hasta hace poco no se exigía desglosar los ingresos por alquiler, pero ahora las modificaciones en el modelo tributario facilitarán la obtención de información relevante.
En Álava, los cambios necesarios en la declaración de renta están en proceso y se espera que puedan estar listos para mediados de 2026.
Desde la declaración de Errenteria como municipio tensionado en 2025, se han añadido otros municipios relevantes, incluyendo San Sebastián, Bilbao y próximamente Vitoria-Gasteiz.
Esto permitirá que aproximadamente un millón de residentes se beneficien de las medidas establecidas en la ley estatal sobre vivienda
Esto permitirá que aproximadamente un millón de residentes se beneficien de las medidas establecidas en la ley estatal sobre vivienda. La mayoría de estos municipios, doce en total, pertenecen a Gipuzkoa y ya tienen en vigor los índices de precios, muchos de ellos gobernados por grupos como EH Bildu, mostrando que en la práctica hay un consenso relativo sobre la necesidad de regular los alquileres en zonas tensionadas.
El consejero subrayó que el trabajo conjunto entre instituciones —ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco— es fundamental para mantener y ampliar estas medidas.
La experiencia en la gestión y coordinación mostrada en 2023 se ve como un modelo a seguir para continuar internacionalizando la protección de los inquilinos y mantener la estabilidad en el mercado de la #vivienda en Euskadi.
En conclusión, los avances en la regulación de precios y la protección de inquilinos en Euskadi en 2023 representan un paso significativo hacia una política de vivienda más justa y equilibrada.