El Ayuntamiento de Durango y el Gobierno Vasco impulsan mejoras en la oferta de viviendas sociales, incluyendo la rehabilitación de pisos, la cesión de nuevas viviendas y un servicio gratuito de asesoramiento para facilitar el acceso a la vivienda.
Actualmente, varias viviendas en la ciudad están en proceso de rehabilitación, con una inversión total de aproximadamente 73.400 euros (unos 75.000 euros en moneda local), destinada a mejorar su estado antes de que sean entregadas a las familias beneficiarias en la primera mitad de 2026.
Estos pisos, que serán gestionados por Alokabide, forman parte de un plan estratégico diseñado para ampliar la oferta de #vivienda social en #Durango y responder a la demanda creciente de familias vulnerables, jóvenes y otros colectivos prioritarios.
La iniciativa responde a una política histórica de promoción del acceso a la vivienda en el País Vasco, región que cuenta con una de las tasas de vivienda social más altas de España, con cerca del 25% de la oferta de alquiler protegido en toda España.
Las reformas en marcha incluyen mejoras significativas, como la instalación de cocinas nuevas y una limpieza general de los espacios, con una inversión específica de aproximadamente 74.300 euros (unos 75.800 euros en euros), financiada por el Ayuntamiento local. Se espera que estas obras finalicen para diciembre de 2025, momento en el que se procederá a la adjudicación de las viviendas, en función de criterios publicados próximamente tras consultas públicas y aportes de diferentes partidos políticos.
Por otro lado, en 2025, el Ayuntamiento de Durango lanzará un nuevo servicio gratuito de asesoramiento en vivienda, diseñado para apoyar a los residentes en temas relacionados con la adquisición y alquiler de pisos, gestión de trámites administrativos, acceso a ayudas públicas y aspectos legales y financieros vinculados a la vivienda.
Este servicio busca ofrecer una orientación personalizada y facilitar el acceso a diferentes programas y recursos que existen en la actualidad en Euskadi, donde las políticas de vivienda han estado marcadas por esfuerzos sostenidos desde hace décadas.
Este servicio se enfocará en explicar los derechos y obligaciones tanto de inquilinos como de propietarios, así como en ofrecer información sobre los procedimientos necesarios para acceder a una vivienda, con especial atención a colectivos vulnerables como jóvenes menores de 35 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y mayores de 70 años.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco tiene una duración inicial de cinco años, con opción a prórrogas por otros cinco años adicionales.
Alokabide será responsable de gestionar los arrendamientos
Durante este tiempo, #Alokabide será responsable de gestionar los arrendamientos, con las rentas recaudadas destinadas a sostener las políticas de vivienda local.
Además, esta colaboración contribuye a la estrategia de desarrollo urbano y social del municipio, en línea con programas similares en otras localidades de la provincia de Bizkaia, donde la cooperación entre administraciones ha sido fundamental para ampliar el acceso a viviendas dignas.
El acuerdo contempla la cesión de 16 viviendas bajo régimen de usufructo temporal, destinadas a familias que cumplen con ciertos requisitos económicos, como ingresos que oscilan entre 9.700 y 48.100 euros anuales (equivalente a unos 9.000 a 45.022 euros en euros, en función de la actualización de las bases). Entre los criterios de priorización se encuentran las personas menores de 35 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y mayores de 70 años.
La lista de requisitos y los criterios de adjudicación serán publicados próximamente tras un proceso de consulta abierta para garantizar transparencia y equidad en la distribución de estas viviendas sociales.
Se tendrá en cuenta además el grado de necesidad, la antigüedad en el municipio y otros aspectos sociales.
En síntesis, los esfuerzos del Ayuntamiento de Durango reflejan un compromiso decidido por mejorar las condiciones de vivienda en la localidad, promoviendo soluciones habitacionales duraderas y accesibles.
La rehabilitación de estas viviendas, junto con la puesta en marcha del servicio de asesoramiento, representan pasos importantes hacia una política de vivienda inclusiva y equitativa, que busca garantizar un derecho fundamental para toda la ciudadanía.
