El Gobierno Vasco refuerza su estrategia para ampliar y modernizar la vivienda social mediante la industrialización y nuevas normativas, con un objetivo de 6.000 viviendas construidas y la creación de un certificado de vivienda industrializada para 2026.
De los Toyos expresó que desde el departamento están comprometidos en integrar la industrialización en sus proyectos de vivienda protegida, y ya están en camino de crear un certificado que avale las viviendas protegidas de carácter industrial para el año 2026.
Durante la inauguración de la jornada MEET:INN en la Terminal de Cruceros del Puerto de Bilbao, en Getxo, hizo un repaso de los logros del último año en materia de vivienda.
En ese período, se incrementó en un 60% la construcción de viviendas sociales, alcanzando un objetivo de 6.000 unidades en toda la legislatura, en comparación con las 3.750 construidas en los años anteriores. La entidad Visesa, responsable de muchos de estos proyectos, ha recibido la encomienda de edificar aproximadamente 900 viviendas anuales, siguiendo el plan establecido.
Este esfuerzo formaba parte de una estrategia más ambiciosa de reforzar la oferta de viviendas sociales, en un contexto donde la demanda por parte de la población vasca ha aumentado, especialmente en zonas urbanas con carencias habitacionales.
La historia de la política de vivienda en Euskadi muestra una tradición de intervenir en el mercado para garantizar vivienda a precios accesibles, desde programas pioneros en la década de 1970, hasta las modernas iniciativas de hoy que combinan desarrollo sostenible y eficiencia energética.
En este contexto, además, el gobierno vasco ha destacado la importancia de fortalecer el diálogo con asociaciones profesionales y colectivos sociales, creando foros de participación que han generado diversos grupos de trabajo en materia de reforma normativa y financiación.
En particular, se está tramitando una Ley de Medidas Urgentes para acelerar permisos y procedimientos administrativos que, según declaraciones del viceconsejero, estarán aprobadas antes de fin de año.
Otra línea clave de la política es la búsqueda de nuevas formas de financiación para proyectos de vivienda pública
Otra línea clave de la política es la búsqueda de nuevas formas de financiación para proyectos de vivienda pública. Desde 2015, en Euskadi todas las promociones deben ser en régimen de alquiler, por lo que se busca activar un fondo social que facilite la colaboración público-privada.
De este modo, se pretende que la inversión pública pueda ser complementada con recursos privados, creando un mecanismo de apalancamiento que permita escalar la construcción de viviendas.
En particular, De los Toyos hizo hincapié en la apuesta por la industrialización en el sector de la construcción, que busca reducir costes y tiempos de ejecución.
La intención del departamento es que, para 2026, al menos un 70% de las viviendas protegidas cuenten con certificación de construcción industrializada.
La incorporación de estas tecnologías, que incluyen módulos prefabricados de alto rendimiento, forma parte de una estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética.
Por su parte, Alberto Marín, presidente de Build:INN, resaltó la presentación del nuevo Observatorio de la Construcción de Euskadi, una plataforma que recopila datos, tendencias y parámetros estratégicos del sector en un único espacio digital.
Este recurso está pensado para facilitar la toma de decisiones tanto en el ámbito empresarial como institucional, promoviendo un análisis más riguroso y una gestión más eficiente.
En definitiva, Euskadi continúa avanzando en su objetivo de transformar el mercado de vivienda social mediante la innovación, la mayor colaboración sectorial y un marco normativo que facilite la implementación de proyectos sostenibles.
