El encuentro entre responsables de Euskadi y Cataluña destaca la colaboración en políticas de vivienda, con metas de construcción de 7.000 viviendas en tres años y regulaciones para equilibrar el mercado del alquiler.
En Euskadi, el consejero de Vivienda y la agencia pública Alokabide, que actualmente administra más de 15.000 viviendas en alquiler asequible, han compartido sus modelos de gestión con sus homólogos catalanes.
Este diálogo, que tuvo lugar en Bilbao, es reflejo de una tendencia creciente en el país para diseñar políticas integradas que combinen la regulación del mercado, la incentivación de la oferta pública y la protección de los demandantes.
La inversión prevista en #Euskadi para los próximos años supera los 470 millones de euros, aproximadamente 50 millones de euros más que en 2022, destinados a promover nuevas construcciones y reformar leyes para facilitar la inversión en vivienda social.
Una de las metas principales de Euskadi es levantar unas 6.000 nuevas viviendas públicas en los próximos tres años, una cifra que equivale a aproximadamente 5.600.000 euros, y que busca democratizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y las familias en mayor vulnerabilidad. Estas políticas se complementan con programas como Gaztelagun, que proporciona prestaciones económicas para el alquiler, beneficiando en la actualidad a cerca de 65.000 personas en toda la comunidad.
La estrategia vasca no solo se basa en aumentar la oferta, sino también en intervenir en los precios de los alquileres en zonas tensionadas, mediante acuerdos con los ayuntamientos y medidas de control para evitar incrementos desmesurados en zonas con alta demanda.
Este enfoque se inspira en modelos internacionales, como el de Viena, donde un sistema público robusto desde hace un siglo ha logrado mantener la vivienda como un pilar de cohesión social y desarrollo económico.
Cataluña pretende reforzar su parque de viviendas públicas en la misma línea y ha anunciado una inversión de unos 430 millones de euros en nueva construcción
Por su parte, #Cataluña pretende reforzar su parque de viviendas públicas en la misma línea y ha anunciado una inversión de unos 430 millones de euros en nueva construcción, con la misma intención de poner freno a la escalada de precios y de garantizar el acceso a la vivienda por parte de las familias en situación de vulnerabilidad.
La región tiene como objetivo construir aproximadamente 6.500 viviendas públicas en los próximos tres años, apoyándose en reformas legales que faciliten la captación de recursos y la movilización de suelo.
Ambas comunidades resaltaron la importancia de seguir trabajando a nivel institucional, fomentando la colaboración y el intercambio de experiencias, para afrontar un problema que afecta no solo a las grandes urbes, sino también a las zonas medias y rurales.
La carencia de viviendas asequibles condiciona la movilidad social, el acceso a oportunidades laborales y el desarrollo integral de las personas.
A lo largo de la reunión, los responsables destacaron que solo con políticas estructurales, inversiones sostenidas y una gestión eficaz, será posible garantizar en el largo plazo el derecho universal a la vivienda.
La visión compartida apunta a que la vivienda debe convertirse en un motor de igualdad, estabilidad y bienestar social, elementos fundamentales para el crecimiento equilibrado de Euskadi, Cataluña y toda España.
Además, estos esfuerzos reflejan una tendencia histórica en Europa, donde países como Austria y Suiza llevan décadas aplicando modelos de #vivienda pública que han permitido reducir significativamente las desigualdades en el acceso a este recurso básico.
