La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social de Euskadi, Elena Pérez Barredo, alerta sobre una crisis global de desigualdad y precariedad laboral y propone ampliar la participación de los trabajadores en la gestión, resultados y capital como clave para un modelo económico más justo, resiliente y sostenible.
En Euskadi
En Euskadi, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha puesto sobre la mesa una lectura clara: a pesar del crecimiento económico, la región está navegando una crisis estructural de desigualdad y precariedad laboral, y la calidad de la democracia en las empresas no está a la altura de lo que la sociedad necesita.
Según Barredo, es imprescindible avanzar hacia un modelo en el que las personas trabajadoras tengan voz y capacidad real para influir en la gestión, en los resultados y en el propio capital, porque esa participación puede hacer la #economía más justa, más productiva y más sostenible.
La Inspección de Trabajo del País Vasco informó de que en 2025 hubo incumplimientos en el 42 % de las actuaciones orientadas a tutelar los derechos de los representantes de las personas trabajadoras.
En el año anterior se realizaron 234 actuaciones en este ámbito, se detectaron 13 infracciones y, en 85 casos, se emitieron requerimientos ante irregularidades.
Estas cifras sitúan la situación por encima de la tasa general de incumplimientos que maneja la propia inspección, que se sitúa alrededor del 10 %.
Estos datos fueron hechos públicos por la viceconsejera durante la inauguración de la jornada “Participación de las personas trabajadoras en la empresa”, organizada por la EHU.
Barredo añadió que los derechos de información y consulta son pilares básicos de la participación laboral, pero que, en la práctica, muchas veces acaban teniendo un car e1cter no vinculante que reduce su impacto real a la hora de tomar decisiones estratégicas.
En su intervención se recordó que la participación de las personas trabajadoras en la empresa encuentra un respaldo constitucional claro, recogido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, aunque su desarrollo normativo ha sido limitado y poco ambicioso si se compara con los modelos de Alemania, Francia o los países nórdicos.
A diferencia de esos destinos, en España no existe un reconocimiento generalizado de la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las sociedades mercantiles.
Aun con un crecimiento notable del PIB, una mejora del empleo y altos niveles de afiliación a la Seguridad Social, la sociedad vasca se enfrenta a esa llamada “policrisis estructural” de alcance global: aumento de la desigualdad económica, precariedad laboral, crisis climática, concentración empresarial y debilitamiento de la soberanía económica y territorial.
En este marco, Pérez Barredo defendió que democratizar la empresa no es solo una exigencia constitucional, sino una condición necesaria para avanzar hacia un modelo económico más justo, productivo, resiliente y sostenible.
Ampliar la voz y la participación real de quienes trabajan en la gestión, en los resultados y en el capital puede actuar como una estrategia predistributiva clave para reforzar la cohesión social, la calidad democrática y la transición ecológica tanto en España como en Europa.
La viceconsejera también subrayó la necesidad de adaptar estas iniciativas a la realidad del tejido productivo vasco, marcado por una importancia significativa de las pymes y por una cultura participativa aún escasa.
No se trata de copiar modelos extranjeros, afirmó, sino de desarrollar un enfoque gradual y adaptado a la realidad vasca.
Entre las medidas que propone figuran el desarrollo normativo de la figura de la sociedad participada, la creación de incentivos públicos y la aplicación de una política fiscal audaz que acompañe este cambio.
“Avanzar en participación, si se hace de forma gradual, evaluada y adaptada, puede mejorar la motivación, la confianza y la competitividad, pero requiere voluntad política, incentivos claros y un cambio cultural profundo en la empresa”, concluyó.