La UE respalda un cambio en el estatus de protección del lobo, generando controversia en Euskadi y entre organizaciones ambientales.
El pasado miércoles, los estados miembros de la Unión Europea (UE) dieron su apoyo a una controvertida iniciativa que propone modificar el estatus de protección del lobo, pasando de "estrictamente protegido" a "protegido". Esta decisión se alinea con la propuesta realizada por la Comisión Europea y la demanda del Gobierno Vasco, aunque fue rechazada por el Gobierno de España, que votó en contra de esta medida.
En la reunión donde se tomó la decisión, España e Irlanda se mostraron en desacuerdo, mientras que los países de Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica optaron por abstenerse.
Un portavoz de la Comisión Europea, que impulsó esta modificación en diciembre de 2023, afirmó que adecuar el estatus de protección sería un avance significativo para abordar los desafíos que presenta el aumento de las poblaciones de lobos en Europa, siempre con el objetivo de mantener un estado de conservación favorable para esta especie.
Para que esta votación se convierta en ley, debe ser ratificada por los ministros correspondientes y posteriormente presentada ante el Comité Permanente del Convenio de Berna, donde se decidiría oficialmente la rebaja del estatus de protección del lobo.
Esta reunión está programada para principios de diciembre de este año.
El Gobierno Vasco, mediante su Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por los ataques de lobos en diversas áreas de Euskadi.
De acuerdo con datos recientes, la provincia de Araba ha registrado 2.379 lobos muertos en los últimos 20 años, y en lo que va de 2024, se han documentado 36 ataques que han dejado 147 animales afectados, entre muertos y heridos, lo que ha generado grandes preocupaciones entre los ganaderos locales.
Amaia Barredo, Consejera de este departamento, ha manifestado que la nueva clasificación del lobo es vital para apoyar a los ganaderos que enfrentan esta problemática.
Por ello, ha solicitado al Gobierno español que retire al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y lo clasifique como especie protegida.
Curiosamente, desde 1979, el lobo cuenta con un estatus de protección que responde a un convenio internacional sobre la conservación de fauna y flora silvestres.
Sin embargo, el contexto actual del crecimiento de la población de lobos y los conflictos con las actividades humanas justifican a juicio de la Comisión Europea la necesidad de esta propuesta, que busca un equilibrio entre la protección de la especie y las actividades económicas en regiones afectadas por la presencia del lobo.
No obstante, la modificación del estatus ha suscitado críticas por parte de más de 300 organizaciones de defensa del medio ambiente que advierten que el lobo aún necesita una protección estricta.
Argumentan que los datos presentados para respaldar el cambio no son recientes, advirtiendo sobre la falta de estudios actualizados desde 2019. En esta carta se señala que, pese a la recuperación de la población de lobos, su número aún no alcanza cifras viables.
Mientras tanto, el debate sigue abierto.
A medida que la naturaleza y la economía se entrelazan, la necesidad de establecer un consenso sobre la convivencia entre seres humanos y fauna salvaje resulta fundamental, tanto en Euskadi como en el resto de Europa.
Los próximos meses serán clave para ver cómo se desarrollan estas iniciativas y si efectivamente se logra un equilibrio que respete tanto la conservación de la vida silvestre como la actividad ganadera.