Informe sobre la fase de autonomía del Sistema de Protección Internacional en Euskadi, que busca consolidar la inclusión social y laboral de refugiados, reasentados y apátridas, con datos del primer año y los retos pendientes.
Este periodo de autonomía se concibe como la etapa final de un itinerario de acogida, con una duración máxima de seis meses, orientada a consolidar la integración, facilitar el acceso a #vivienda y acompañar a las personas hacia una vida independiente.
A partir de la fecha de inicio, el 1 de enero de 2025, cuando la administración asumió la gestión integral del proceso, el programa ha mostrado avances significativos en su primer año y ha permitido mapear necesidades y recursos para su continuidad.
Durante este primer año, el programa ha atendido a 114 unidades de convivencia, que agrupan a 154 personas. En la actualidad, permanecen activas 93 unidades de convivencia, con 125 personas en seguimiento. Este conjunto de datos entrega una visión de una población diversa en su origen, con perfiles heterogéneos y una realidad social compleja que exige respuestas coordinadas entre administraciones y entidades del tercer sector.
En cuanto a la caracterización sociodemográfica, el programa revela una tendencia mixta en cuanto a sexo y edad. Se registran 99 hombres (61,9 %) y 61 mujeres (38,1 %). En rangos de edad, destacan las personas entre 18 y 34 años (72 individuos, 45,0 %), seguidas por las franjas de 35 a 64 años (50 personas, 31,2 %) y de 0 a 16 años (26 personas, 16,2 %).
En el segmento de mayor dinamismo, también se observan menores y jóvenes en proceso de acompañamiento, así como adultos que requieren apoyo específico para acceder a oportunidades laborales y formativas.
Respecto a la procedencia, las nacionalidades o lugares de origen más representados incluyen Ucrania, Mali y el Sahara Occidental, con 47, 29 y 23 personas respectivamente, seguidos de Palestina, Somalia y Afganistán.
Otros países y territorios también figuran en el conjunto de beneficiarios, lo que subraya la diversidad de significados que la protección internacional tiene para cada persona y familia.
En las unidades familiares e individuales se observa, asimismo, una presencia notable de hogares monomarentales, especialmente con madres a cargo de menores.
El despliegue territorial presenta una distribución que refleja la concentración en determinadas áreas: Bizkaia concentra la mayor parte de las personas atendidas (83, 51,9 %), mientras que Araba y Gipuzkoa suman 42 (26,2 %) y 35 (21,9 %), respectivamente.
En Bizkaia y Gipuzkoa la atención se extiende a municipios medianos y pequeños; en Araba, la mayor parte de la intervención se concentra en la capital, Vitoria-Gasteiz.
En 2025 se registraron 31 procesos finalizados, con diferentes motivos: agotamiento del tiempo máximo de estancia, consecución de objetivos antes del plazo, salidas voluntarias, otras causas y un caso de fallecimiento.
Este balance indica que una parte relevante de las salidas responde a la finalización de la trayectoria prevista, mientras que otros casos muestran la necesidad de ajustar el itinerario a las circunstancias personales.
La puesta en marcha del programa se realiza en colaboración con seis entidades del tercer sector, a saber: CEAR, Cruz Roja, Accem, Nueva Vida, MPDL y San Juan de Dios.
Estas organizaciones aportan experiencia especializada y una capilaridad territorial que fortalece la atención social y la coordinación entre servicios públicos y agentes de la comunidad.
Destacan dos factores centrales: la vivienda y la empleabilidad
Entre los retos detectados para el logro de una transición real hacia la autonomía, destacan dos factores centrales: la vivienda y la empleabilidad.
En muchas situaciones, la disponibilidad de vivienda se convierte en un cuello de botella para el acceso a la fase de autonomía y para la estabilización de las personas, incluso cuando ya se ha obtenido protección internacional.
Por otro lado, la remar de la inclusión sociolaboral implica un acompañamiento que cubra educación, formación, apoyo idiomático y conexión con recursos comunitarios, además de facilitar el acceso a prestaciones públicas como la RGI.
Estas condiciones influyen en la capacidad de las personas para gestionar su propio itinerario y aprovechar las oportunidades de desarrollo.
La responsable de la cartera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha subrayado la necesidad de un plan estructural migratorio para optimizar la gestión de tránsito hacia la vida independiente, evitando que las personas migrantes permanezcan en situación de vulnerabilidad en las puertas de las comisarías.
También se ha señalado que, si se contara con una visión más integrada, este tránsito podría ordenar mejor la llegada de solicitantes de asilo, ocupando de forma más adecuada las plazas del SAPIT.
En paralelo, se trabajan líneas de acción comunitarias a través del programa #Loturak y de la Mentoría Social, con el objetivo de entregar a la comunidad un papel más activo en la acogida y en la construcción de un modelo vasco de #integración que conecte a familias y personas con recursos locales, redes y oportunidades de aprendizaje.
En conjunto, el plan de autonomía del Sistema de #Protección Internacional en #Euskadi busca consolidar una ciudadanía más inclusiva, con una oferta de servicios que atraviese la vivienda, la #empleabilidad y la educación, siempre desde una coordinación estrecha entre administración, entidades del tercer sector y comunidades locales.