El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria advierte sobre una posible huelga encubierta en el Centro Penitenciario de Araba que podría vulnerar derechos fundamentales de los reclusos.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la situación en el Centro Penitenciario de Araba ha generado serias inquietudes, tanto a nivel administrativo como judicial.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, basado en informes recientes, ha comenzado a indagar sobre un fenómeno que podría interpretarse como una "huelga encubierta" por parte del personal de esta institución.
La Dirección de Justicia del Gobierno Vasco ya ha recibido una comunicación formal en la que se solicita el estudio de medidas disciplinarias a raíz de la creciente falta de personal que ha llevado a la suspensión de servicios esenciales.
Esta reducción en la plantilla ha impedido garantizar derechos fundamentales de los internos, como su acceso a formación, talleres y comunicaciones con el exterior.
Los datos del pasado mes de diciembre son alarmantes, con un notable incremento en las incapacidades laborales, alcanzando hasta 73 bajas desde el 4 de diciembre, lo que ha obligado a restringir permisos y a implementar horas extraordinarias de trabajo.
Se ha recibido el informe del director del centro penitenciario, que, a pesar de no declarar oficialmente una huelga, ha mencionado una "comunicación verbal" consensuada por el personal, indicando su negativa a realizar horas extras de manera habitual.
Esta decisión se toma en el contexto de las negociaciones laborales, lo cual crea un clima tenso que podría desembocar en mayores conflictos si no se toman medidas urgentes.
El Juzgado de Vigilancia ha calificado la situación como "preocupante, insostenible, intolerable y alarmante", afirmando que se están vulnerando los derechos de los internos, quienes no sólo ven limitados sus derechos a la educación y formación, sino que también se ven afectados en su contacto con familiares y abogados.
Percepción de la juventud en Euskadi sobre la inmigración extranjera
A través de una encuesta online realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, se obtuvieron datos sobre la percepción de los jóvenes en Euskadi respecto a la inmigración extranjera. Estos datos muestran cambios en los últimos años y revelan opiniones divididas sobre la cantidad de personas extranjeras en la región.Ante este panorama, el Juzgado ha instado a la Dirección de Justicia a implementar de manera inmediata medidas urgentes para revertir esta situación crítica.
Asimismo, el organismo judicial ha subrayado la admirable labor de un grupo de funcionarios que continúan trabajando pese a las adversidades. Sin embargo, advierte que la situación no puede sostenerse en el tiempo. De este modo, se ha solicitado a la Dirección que evalúe la posibilidad de adoptar acciones disciplinarias contra aquellos que han presentado bajas médicas de manera colectiva, todo ello bajo la premisa del respeto a los derechos de los trabajadores y su salud.
Esta crisis en el Centro Penitenciario de Araba ocurre en un contexto inédito, coincidiendo con una renegociación colectiva que busca mejorar las condiciones laborales y compensación del personal.
En este marco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que prevé la incorporación de 260 personas al sistema, un intento por resolver las deficiencias de personal y las horas extraordinarias acumuladas.
El concurso de traslados anunciado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que se han inscrito 195 personas, añade un elemento de incertidumbre.
La ansiedad por la mejora laboral debe ir acompañada por acciones concretas y respetuosas hacia los derechos tanto de los trabajadores como de la población reclusa.
En conclusión, el Juzgado ha decidido tomar acciones adicionales e investigar las circunstancias que rodean a esta potencial huelga, aludiendo a la importancia de asegurar la legalidad y la justicia en los centros penitenciarios.
