El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la financiación de ayudas directas al transporte de viajeros y la promoción de servicios públicos de préstamos de bicicletas.
En una reciente reunión, el Consejo de Ministros de España ha autorizado un importante acuerdo que permitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acceder a compromisos de gasto para la financiación de ayudas al transporte de viajeros y descuentos en el uso de bicicletas.
Esta medida está en línea con el Real Decreto-ley 1/2025, aprobado el 28 de enero de este año, que establece un marco para el apoyo económico a transportes públicos.
El objetivo de estas ayudas, que estarán vigentes desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, es proporcionar respaldo financiero a comunidades autónomas y entidades locales que operan servicios de transporte terrestre colectivo, incluyendo el transporte urbano e interurbano.
Adicionalmente, se busca beneficiar a aquellas entidades que presten servicios públicos de préstamo de bicicletas.
Para ello, se han habilitado diversas líneas presupuestarias que incluyen cofinanciación a comunidades autónomas y corporaciones locales, así como ayudas específicas para el fomento de los servicios de préstamo de bicicletas.
En este sentido, entra en juego un descuento notable del 100% en el precio de abonos de transporte y títulos multiviaje en las Islas Baleares y Canarias, beneficiando enormemente a los usuarios frecuentes del transporte público en estos territorios.
Es importante mencionar que el importe total estimado para la financiación de estas medidas asciende a más de 558 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera: 235 millones de euros para cofinanciar servicios de transporte colectivo en comunidades autónomas, 120 millones para corporaciones locales, y un total de 10 millones de euros para el desarrollo de los servicios públicos de préstamo de bicicletas.
Estas acciones no son un hecho aislado, dado que el sistema de transporte en España ha sido objeto de múltiples reformas y programas a lo largo de los años, con la finalidad de hacer más accesibles y sostenibles los servicios públicos.
Desde la ley de movilidad de 2009 y la normatividad posterior, la importancia del transporte como un servicio esencial ha ido en aumento, generando una necesidad creciente de adaptar las infraestructuras y los modelos de financiación.
En la actualidad, la pandemia de COVID-19 ha acentuado la necesidad de fortalecer el transporte público, incentivando tanto su uso responsable como la transición hacia opciones más sostenibles, como el uso de bicicletas.
Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas están cada vez más enfocados en implementar políticas que no sólo faciliten la movilidad, sino que también promuevan la salud pública y la sostenibilidad medioambiental.
Con este nuevo paquete de ayudas, se espera que el uso del transporte público y de alternativas sostenibles, como las bicicletas, aumente en un contexto donde la accesibilidad y la reducción de emisiones son cada vez más prioritarias.
Esta política resulta crucial no solo por sus implicaciones económicas, sino también por su potencial para transformar la vida diaria de miles de ciudadanos, fomentando una cultura de movilidad más responsable y sostenible.
