Varias compañías de gran tamaño, entre ellas Costco, han presentado demandas contra el gobierno de Donald Trump para recuperar los costes pagados en tarifas aduaneras. La disputa legal se centra en posibles reembolsos si las tarifas son declaradas ilegales por la justicia estadounidense.
La razón principal de estas demandas es la reclamación de reembolsos por las #tarifas aduaneras que supuestamente pagaron en la importación de diversos productos.
Costco, con recursos financieros considerables, ha presentado una demanda ante los tribunales estadounidenses para exigir una devolución total de los derechos de importación abonados, en caso de que la Corte Suprema determine que las tarifas impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son ilegales.
La compañía argumenta que, si se anulan las tarifas, las #empresas afectadas deben ser reembolsadas automáticamente, y buscan proteger sus intereses económicos en un escenario de posible eliminación de estas medidas.
Supuestamente, otras empresas también han presentado demandas similares. Entre ellas se encuentran Bumble Bee Foods, EssilorLuxottica, Kawasaki Motors, Revlon y Yokohama Tire. La Justicia ha señalado que, si las tarifas son declaradas ilegales, las importadoras podrían tener derecho a recuperar los fondos pagados, lo cual podría representar millones de euros en reembolsos para estas empresas.
El Ministerio de Justicia estadounidense indicó en un informe legal que, en caso de que las tarifas sean consideradas ilegales, las compañías tendrían derecho a recibir reembolsos proporcionales a las cantidades pagadas.
Además, se supuestamente informó que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en septiembre que el departamento tendría que devolver aproximadamente la mitad de los fondos recaudados mediante estas tarifas.
Este escenario genera una gran incertidumbre en el ámbito empresarial, ya que no está claro cómo las autoridades aduaneras manejarían un proceso de reembolso a gran escala.
Algunas compañías han optado por presentar demandas para asegurarse de que sus derechos de reembolso queden protegidos ante posibles decisiones judiciales desfavorables.
Demandar a una administración presidencial puede suponer un riesgo en las relaciones con el gobierno federal y afectar la reputación de las empresas en el mercado
El costo de estas acciones legales no es menor. Según expertos, además de los gastos judiciales, demandar a una administración presidencial puede suponer un riesgo en las relaciones con el gobierno federal y afectar la reputación de las empresas en el mercado.
Drew DeLong, experto en estrategia corporativa, explica que muchas empresas evalúan si el coste y el riesgo de litigar valen la pena, especialmente en un entorno de tanta incertidumbre.
Supuestamente, no todas las compañías están en condiciones de afrontar este tipo de enfrentamientos legales. DeLong señala que las empresas que no cuenten con la infraestructura necesaria para gestionar estas disputas pueden encontrarse en una posición de desventaja frente a aquellas que sí la tienen, creando así una tendencia en la que las empresas con mayor capacidad de gestión legal y administrativa logran resistir mejor los efectos de las políticas proteccionistas.
Por ejemplo, la destilería Greenbar Distillery, ubicada en Los Ángeles, ha informado que durante 2025 pagó tarifas que en algunos momentos alcanzaron el 170% del valor de los productos importados, lo que supuestamente le costó entre 70.000 y 120.000 euros, en comparación con los 25.000 a 50.000 euros habituales en años anteriores. La compañía ha decidido invertir en maquinaria automatizada para reducir costos laborales y está considerando despedir personal si las tarifas elevadas continúan afectando su rentabilidad.
Por otro lado, empresas como Thompson Traders, en Carolina del Norte, han reconocido que las tarifas les han obligado a endeudarse y a subir los precios de sus productos, lo que ha afectado su competitividad en el mercado.
Supuestamente, en este año han pagado más de un millón de euros en tarifas, lo que ha puesto en jaque su rentabilidad y ha llevado a la empresa a cuestionar la sostenibilidad de su modelo de negocio.
Estas disputas jurídicas reflejan una tensión mayor en la #política comercial de Estados Unidos, donde el gobierno busca proteger a las industrias nacionales mediante tarifas elevadas, mientras que las empresas afectadas reclaman que estos costes no deben ser trasladados a ellas sino que deben ser reembolsados en caso de que las tarifas sean declaradas ilegales.
Supuestamente, el resultado de estos casos en la Corte Suprema será determinante para definir el futuro de las políticas tarifarias y su impacto en la economía y el comercio internacional.
