Un reportaje reconstruye cómo las tarifas de instalación de clínicas afiliadas a hospitales encarecen las visitas ambulatorias y generan facturas sorprendentes, con datos convertidos a euros y ejemplos reales.
Este fenómeno, descrito en informes de PIRG y analizado por medios nacionales, ha puesto sobre la mesa un gasto adicional que afecta a personas con seguro y a aquellas que pagan de su bolsillo.
Según una encuesta de West Health y Gallup, 31 millones de estadounidenses acumularon 74 mil millones de dólares en deuda médica durante 2024. Traducido a euros, eso serían aproximadamente 68,8 mil millones de euros. Este número resume la magnitud del problema y su posible impacto en la economía personal de millones de familias.
En un caso que ilustra el riesgo, una mujer en los suburbios de Boston recibió un procedimiento menor para tratar ojos secos. El costo inicial fue de 600 dólares; unas semanas después llegó una segunda factura por otros 600 dólares. En este relato, la institución que emitió la segundo cargo fue Mass Eye and Ear, un hospital afiliado. Aunque el equipo responsable afirmó que el consultorio era una instalación autorizada y transparente en sus prácticas de facturación, la factura adicional dejó a la paciente desconcertada.
Supuestamente, el cargo adicional —denominado “tarifa de instalación”— no siempre es fácil de anticipar para muchos pacientes, incluso cuando la atención se presta fuera del ala de urgencias o de hospitalización.
Las tarifas de instalación pueden variar ampliamente. En informes citados por PIRG, los cargos de estas tarifas pueden ir desde 50 euros hasta más de 900 euros por consulta en clínicas que son propiedad de hospitales.
En ocasiones, diferentes facturaciones pueden aparecer por el mismo servicio: una factura del médico y otra del hospital, aun cuando el paciente no haya recibido atención en las instalaciones centrales del hospital.
Presuntamente, este escenario sirve para justificar costos operativos y mantener servicios de emergencia 24/7, pero para muchos pacientes representa un salto repentino en el gasto de bolsillo.
menos de la mitad de los médicos trabajaban para hospitales o sistemas de salud
El fenómeno no es aislado: en 2012, menos de la mitad de los médicos trabajaban para hospitales o sistemas de salud. En 2024, esa cifra subió a alrededor del 55%, lo que implica una mayor presencia de clínicas hospitalarias que pueden cobrar tarifas adicionales por consultas o pruebas ambulatorias.
Esto ha llevado a debates sobre transparencia y regulación. En algunos casos, la factura de un simple chequeo puede incluir cargos por teleconsulta, mamografías o colonoscopias realizados en una clínica bajo contrato con un hospital.
El rango de tarifas descrito por PIRG incluye desde 50 hasta más de 1.000 dólares por visita. Convertido a euros, ese rango equivale aproximadamente a entre 46,50 € y 930 €. En un ejemplo particular, un paciente recibió una factura de 180 dólares por una consulta con un enfermero practicante que luego, en 2025, la clínica hospitalaria que empleaba a la profesional añadió cargos de instalación que duplicaron el costo de la visita; el costo total de la consulta pasó de 180 € a más de 360 € en moneda local, elevando la carga para la persona que ya afrontaba deducibles y coaseguros.
Supuestamente, en otros casos, estas tarifas pueden aumentar aún más cuando se combinan con costos de servicios como telemedicina o pruebas de diagnóstico.
La investigación de PIRG también subraya que, pese a la promesa de reducir costos, la adopción de tarifas de instalación ha contribuido a que las facturas de servicios ambulatorios sean menos previsibles y, para algunos, más costosas que las visitas en centros independientes.
En respuesta, expertos y defensores de los consumidores señalan la necesidad de normas más claras sobre facturación, y de exigir que las aseguradoras supervisen de manera más estricta la cobertura de estos cargos.
Hasta ahora, 22 estados han promulgado alguna forma de reforma para abordar estas tarifas, incluyendo medidas para exigir transparencia, prohibir cargos duplicados y promover una norma de “el mismo servicio, mismo precio” para evitar diferencias injustificadas entre ubicaciones.
Para los pacientes, el consejo práctico es claro: antes de recibir atención en una clínica afiliada a un hospital, preguntar explícitamente si habrá una tarifa de instalación.
Verificar con la aseguradora si ese cargo está cubierto o si se considerará como gasto de bolsillo es otro paso clave. En algunos casos, cambiar a un proveedor fuera de la red hospitalaria o a un consultorio independiente puede traducirse en facturas más previsibles y menores costos, dependiendo del servicio.
Independientemente de la decisión personal, la discusión sobre las tarifas de instalación continúa en las mesas de política pública y entre aseguradoras, hospitales y defensores del consumidor.
Mientras tanto, los pacientes siguen siendo quienes cargan con el peso de estos cargos no anticipados. En la actualidad, la conversación se centra en la necesidad de más claridad, mayor previsibilidad en la factura y, sobre todo, la protección de las familias frente a costos que pueden dar forma al presupuesto familiar durante años.