A partir de mayo de 2025, la reactivación de la recuperación de préstamos estudiantiles en default traerá importantes consecuencias para los deudores, incluyendo embargos salariales y retenciones fiscales. Aquí te explicamos qué hacer para proteger tus ingresos y evitar sanciones económicas.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los beneficiarios de préstamos estudiantiles federales en Estados Unidos disfrutaron de un período de gracia que duró aproximadamente cinco años, durante los cuales no enfrentaron las consecuencias más severas del incumplimiento en sus pagos.
Sin embargo, esta protección temporal llegará a su fin en mayo de 2025, marcando el regreso de las acciones de cobranza por parte del gobierno federal.
Este cambio afectará a cerca de 5.3 millones de prestatarios que están en situación de incumplimiento, muchos de los cuales no han realizado pagos en al menos nueve meses. La Administración de Servicios Estudiantiles (FSA, por sus siglas en inglés) enviará notificaciones oficiales a estos deudores, alertándolos de que sus beneficios sociales, como cheques de seguridad social, serán embargados en casos de deudas impagas.
La primera ola de avisos comenzará en junio, y posteriormente, a finales de verano, todos los prestatarios en default serán informados de que sus salarios serán retenidos para saldar sus deudas.
Históricamente, la morosidad en préstamos estudiantiles ha sido un problema persistente en Estados Unidos, con millones de personas enfrentando dificultades para pagar sus préstamos tras completar sus estudios, especialmente si no lograron obtener empleos bien remunerados.
Antes de la pandemia, aproximadamente 7 millones de prestatarios estaban en default, y aunque muchos lograron regularizar su situación mediante programas de rehabilitación, la cantidad de defaulted ha ido aumentando nuevamente con la reanudación de los pagos en octubre de 2023.
El proceso para que un préstamo pase a default generalmente ocurre después de 270 días consecutivos de incumplimiento, aunque en algunos casos, tras 360 días, el préstamo es transferido automáticamente al programa de cobranza del Departamento de Educación.
La situación se complica aún más si consideramos que muchos de estos prestatarios solo cursaron algunos semestres en la universidad y no lograron completar sus estudios, situación que limita sus oportunidades laborales y su capacidad de pagar la deuda.
Para evitar que esta situación afecte aún más su situación financiera, los prestatarios en riesgo deben actuar rápidamente. Es recomendable ingresar a la plataforma StudentAid.gov para verificar el estado de su préstamo, conocer quién es su administrador y explorar opciones como planes de pago basados en ingresos o programas de rehabilitación.
Es importante recordar que, desde octubre de 2023, los intereses comenzaron a acumularse nuevamente, por lo que la cantidad total adeudada puede ser mayor a la que recordaban.
Una de las principales recomendaciones es no pagar por servicios de ayuda que prometen resolver el default, ya que el Departamento de Educación advierte sobre estafas.
La asistencia para salir del default puede ser gratuita y facilita opciones como la rehabilitación del préstamo, que implica realizar pagos consecutivos en plazo y en montos razonables, o la consolidación del préstamo, que aunque no elimina el registro de incumplimiento en el historial crediticio, puede reducir la carga mensual mediante planes de pago basados en ingresos.
Es importante también destacar que, en caso de default, el Departamento puede proceder a embargos en los salarios, solicitando a los empleadores que retengan hasta un 15% del ingreso disposable del trabajador.
Sin embargo, existe un umbral mínimo que protege a los prestatarios, garantizando que al menos 30 veces el salario mínimo federal quede intacto tras la retención.
Asimismo, los deudores que perciban beneficios de Seguridad Social pueden enfrentar retenciones en estos beneficios para pagar sus deudas, a menos que puedan demostrar incapacidad o discapacidad permanente, en cuyo caso se pueden solicitar excepciones.
La situación puede ser especialmente grave para los mayores de 60 años, con un estimado de 452,000 personas en ese grupo en riesgo de perder parte de sus beneficios sociales debido a la deuda impaga.
En conclusión, la reactivación de las acciones de cobranza en 2025 representa un desafío importante para muchos prestatarios, pero existen vías para gestionar y reducir el impacto.
La comunicación con los administradores de préstamos, buscar asesoría en organizaciones sin fines de lucro y explorar las opciones de pago ajustadas a su situación son pasos fundamentales para evitar embargos y sanciones que puedan perjudicar su estabilidad financiera a largo plazo.
La clave está en actuar con anticipación y buscar asesoría especializada para navegar este proceso complejo.
