Expertos indican que la reciente ley de impuestos y gastos del expresidente Donald Trump tendrá efectos limitados en la economía, afectando principalmente programas sociales como Medicaid y SNAP, con implicaciones a largo plazo que podrían ser menores de lo que se esperaba.

La ley, que supuestamente busca impulsar la #economía estadounidense, ha generado controversia debido a sus recortes en programas sociales y sus beneficios fiscales para ciertos sectores.
Supuestamente, esta ley extiende las reducciones de impuestos implementadas en 2017, que estaban programadas a expirar en 2025, y ofrece nuevas ventajas para las clases trabajadoras, además de incentivar la inversión empresarial mediante beneficios fiscales permanentes.
Sin embargo, también contempla recortes profundos en programas sociales como #Medicaid y SNAP (antiguamente food stamps), además de reducir subsidios en energías renovables y cancelar varias iniciativas verdes impulsadas por la administración anterior.
Desde un punto de vista histórico, estas políticas representan un giro en la estrategia económica de Estados Unidos, que en las décadas recientes ha priorizado el gasto en programas sociales y energías limpias para promover un crecimiento sostenible.
La propuesta de Trump, por el contrario, favorece las inversiones privadas y el recorte del gasto público, una tendencia que algunos economistas consideran similar a las políticas de austeridad aplicadas en otros países en crisis.
Según Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics, los efectos del aumento del Producto Interno Bruto (PIB) por la ley serían marginales y temporales.
Se estima que en el año 2026, la economía podría crecer un 1,3% en lugar del 0,9% proyectado sin la ley, generando aproximadamente 150,000 nuevos empleos.
Debido a los recortes en Medicaid y SNAP
Sin embargo, estos beneficios podrían verse contrarrestados por la disminución de ingresos para las familias en los sectores más vulnerables, debido a los recortes en Medicaid y SNAP, que presuntamente afectarán a más de 12 millones de personas.
La ley también contempla la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras, además de aumentar los créditos fiscales para hijos y las deducciones estatales y locales, medidas que, en teoría, dejarían más dinero en los bolsillos de los estadounidenses.
No obstante, estos beneficios son temporales y expiran a finales de 2028.
Supuestamente, los recortes en programas sociales y energéticos se incrementarán en los próximos años, alcanzando una reducción de hasta 94 mil millones de euros en subsidios verdes para 2032, lo que podría tener un impacto negativo en las economías locales, especialmente en sectores relacionados con la salud pública y la agricultura.
A largo plazo, los analistas presumen que los efectos combinados de estos recortes y beneficios temporales podrían equilibrar el crecimiento económico, estimado en un rango de 1,3% a 2,3% anual en la próxima década.
Sin embargo, algunos expertos advierten que la sobreestimulación del consumo en un contexto de baja tasa de desempleo, que actualmente ronda el 4,1%, podría generar presiones inflacionarias, llevando al Banco Central a mantener o incluso elevar las tasas de interés.
En resumen, la ley fiscal y de gasto de Trump, si bien podría ofrecer ciertos estímulos a corto plazo, presuntamente no logrará transformar radicalmente la economía estadounidense ni solucionar de fondo los desafíos estructurales, especialmente en materia de equidad social y sostenibilidad ambiental.