La discusión en el Congreso sobre la deducción SALT vuelve a ser un tema central en la política fiscal estadounidense, afectando a millones de contribuyentes en todo el país. ¿Qué implica esta medida para los contribuyentes y la economía? Aquí te contamos los detalles y su historia.

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La propuesta del Congreso estadounidense en relación con la deducción SALT (Impuestos Estatales y Locales), vuelve a estar en el centro del debate político y social en Estados Unidos.

Esta medida, que regula la posibilidad de deducir impuestos pagados a gobiernos estatales y locales en la declaración federal, ha sido un tema polémico desde la implementación de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, y en 2025 vuelve a generar discusión.

El concepto de SALT se refiere a la deducción que pueden realizar los contribuyentes en su declaración de impuestos federales por los impuestos pagados a los gobiernos estatales y locales, incluyendo impuestos sobre la propiedad, ventas y otros.

Durante años, esta deducción ha sido un alivio fiscal para millones de estadounidenses en estados con altos impuestos, como Nueva York, California y Nueva Jersey.

Sin embargo, la Ley de Recortes de Impuestos de 2017 estableció un tope de 10,000 dólares (aproximadamente 9,200 euros) en la deducción SALT, lo que generó protestas en estados con impuestos elevados.

Políticos de estados demócratas, especialmente en regiones como Nueva York y California, argumentaron que esta medida perjudicaba a las familias de clase media y a los trabajadores públicos, como policías, maestros y bomberos.

El debate no es solo fiscal, también político. En 2025, algunos legisladores republicanos y demócratas están considerando elevar el límite de deducción SALT a 30,000 dólares (unos 27,600 euros), buscando aliviar la carga fiscal de los contribuyentes en estados con altos impuestos.

La propuesta ha generado apoyo bipartidista, especialmente entre congresistas de estados que contribuyen significativamente al gasto federal, pero también mantiene una fuerte oposición en otros sectores.

Históricamente, la discusión sobre SALT refleja las tensiones entre las políticas fiscales estatales y federales en EE. UU. y la distribución de recursos. Los estados con altos ingresos y mayores impuestos, como California, Nueva York y Nueva Jersey, son considerados 'dadores' en el sistema federal, enviando más dinero a Washington del que reciben en servicios públicos.

Expertos en economía, como Kent Smetters, profesor en la Universidad de Pensilvania, explican que una de las causas principales de los elevados impuestos en ciertos estados es el control del uso del suelo y la protección de los intereses de los propietarios existentes, lo que genera un aumento en los precios de las propiedades y, consecuentemente, en los impuestos.

La discusión también está vinculada a la política de vivienda. La escasez de viviendas y la regulación del uso del suelo, como el 'NIMBY' (No en Mi Yarda), contribuyen a encarecer los precios y a elevar los impuestos sobre las propiedades.

Por otro lado, algunos analistas señalan que los estados que contribuyen más al sistema federal, conocidos como 'estados donantes', podrían beneficiarse si se eliminara o aumentara el límite de SALT, ya que reduciría la carga fiscal de sus residentes.

Datos del Colegio de Realtors indican que en 2022, aproximadamente el 9.4% de los contribuyentes en todo el país reclamaron la deducción SALT, mostrando una gran variabilidad entre regiones.

La legislación aún no ha sido aprobada y debe superar varias etapas en el Congreso, incluyendo comités y votaciones en ambas cámaras. Además, los detalles podrían variar durante el proceso, y algunos expertos advierten que la propuesta final podría ser menos favorable para los contribuyentes en ciertos aspectos.

Desde una perspectiva presupuestaria, algunos estudios, como el análisis del Yale Budget Lab, predicen que una expansión de la deducción SALT podría incrementar en 225 mil millones de dólares (unos 207 mil millones de euros) los déficits fiscales en una década, afectando las tasas de interés y, por ende, el mercado hipotecario.

En conclusión, la discusión sobre SALT en 2025 refleja las tensiones entre diferentes intereses políticos y económicos en EE. UU. y podría tener un impacto significativo en la economía y en la distribución de recursos. La decisión final del Congreso será determinante para millones de contribuyentes en todo el país, especialmente en los estados con mayores impuestos y gastos públicos elevados.