El Gobierno ha aprobado una asignación de 35 millones de euros para mitigar los daños causados por la DANA en viviendas y facilitar alojamientos temporales para los afectados.
Esta medida responde a la grave situación provocada por las intensas lluvias que han ocasionado severos daños en infraestructuras y miles de viviendas han quedado inhabitables, afectando así la calidad de vida de numerosos ciudadanos.
Las lluvias, que tuvieron lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, generaron una serie de emergencias que llevaron a la necesidad de medidas inmediatas.
En este contexto, el Real Decreto-ley 6/2024, aprobado el 5 de noviembre, estableció un paquete inicial de ayudas para atender las necesidades básicas de los damnificados.
Posteriormente, se introdujo el Real Decreto-ley 7/2024, que consistió en acciones más específicas en la materia de vivienda, reflejando la urgencia de la situación.
El #Gobierno ha definido dos pilares fundamentales en el Título V del mencionado decreto. Primero, una subvención orientada a la adquisición de viviendas por parte de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) que tiene como objetivo proporcionar alojamientos temporales a las personas desplazadas por la DANA.
Esta acción es productora de un fortalecimiento en el sector habitacional, al facilitar el acceso a viviendas seguras y dignas para quienes lo han perdido todo.
5 millones de euros) destinada a las Entidades Locales afectadas por la DANA
Además, se ha previsto una dotación de 10 millones de euros (aproximadamente 8,5 millones de euros) destinada a las Entidades Locales afectadas por la DANA, lo que permitirá la elaboración, actualización y mejora de los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana.
Esta estrategia busca identificar proyectos y acciones concretas que sean abordadas con carácter prioritario, garantizando así que las medidas de recuperación sean rápidas y efectivas.
Es importante resaltar que la gestión de estas ayudas se hará a través de convenios firmados con las entidades locales, incluyendo la Diputación Provincial de Valencia, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente a los municipios más impactados.
La estrategia del Gobierno no solo responde a la necesidad inmediata de restablecer la habitabilidad de las zonas más afectadas, sino que también subraya el compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura urbana y rural.
La activación del Fondo de Contingencia no es simplemente una respuesta a la emergencia, sino que se plantea como un paso firme hacia la reconstrucción y el bienestar de las comunidades dañadas.
Este tipo de asignaciones no son nuevas en la historia de España. A lo largo de los años, el país ha enfrentado diversos fenómenos naturales que han obligado a movilizar recursos públicos para ayudar a las víctimas y reconstruir los daños.
