El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Valenciana y a Cantabria para otorgar garantías por importes máximos en 2024, cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En una decisión clave, el Consejo de Ministros ha aprobado autorizar a la Comunidad Valenciana y a Cantabria para otorgar garantías en 2024, cumpliendo así con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
La Comunidad Valenciana podrá otorgar garantías por un importe máximo de 13.250.000 euros, mientras que Cantabria tendrá un límite de 11.750.000 euros.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la solicitud de autorización fue presentada el 19 de diciembre de 2023, con el objetivo de reafianzar las garantías concedidas por la Sociedad de Garantía Recíproca a las operaciones de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el marco de la financiación REACTIVA FEDER destinada a pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno de Zaragoza se compromete a mejorar las infraestructuras y servicios en los barrios rurales
El Gobierno de Zaragoza continuará impulsando la mejora de las infraestructuras y los servicios de los 14 barrios rurales de la ciudad, según han anunciado el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa. Durante una reunión con los presidentes de las juntas vecinales, se repasó la situación actual de los convenios vigentes con la Diputación Provincial de Zaragoza y se informó de una posible ampliación de actuaciones.Por otro lado, Cantabria solicitó la autorización el 20 de febrero de 2024 para la concesión de avales a través del Instituto de Finanzas de Cantabria, destinados tanto al sector público empresarial y fundacional como a empresas, pymes y autónomos.
Ambas autorizaciones tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, limitadas a las respectivas líneas de garantías con los importes máximos indicados.
Esta medida se ha considerado apropiada tras analizar la naturaleza y condiciones de las operaciones garantizadas, beneficiando así a la economía local y al tejido empresarial de ambas comunidades autónomas.
