El Consejo de Ministros ha autorizado la utilización del Fondo de Contingencia para ayudar a las víctimas de la erupción del volcán de La Palma y otras calamidades naturales.

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El 18 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros del Gobierno de España dio luz verde a la utilización del Fondo de Contingencia, con un monto total de 7.518.000 euros (aproximadamente 6.800.000 euros), para atender los daños causados por la erupción volcánica en La Palma, la borrasca "Filomena" y otras calamidades naturales que han afectado al país.

En detalle, se destinarán 3.485.439 euros (cerca de 3.160.000 euros) para mitigar los efectos de la erupción volcánica en La Palma; 1.975.012 euros (alrededor de 1.760.000 euros) para reparar los estragos ocasionados por la borrasca "Filomena" y un total de 2.057.548 euros (más de 1.840.000 euros) para cubrir las necesidades generadas por diversas catástrofes ocurridas recientemente.

El Fondo de Contingencia tiene como objetivo proporcionar ayudas a entidades locales, empresas privadas y familias sin fines de lucro afectadas por emergencias causadas por siniestros y desastres naturales.

Se busca que estas ayudas sean efectivas en la recuperación, con un enfoque en las necesidades más urgentes.

Para la erupción en La Palma, se contemplan ayudas que van desde compensaciones para daños materiales en viviendas hasta subvenciones para empresas que hayan sufrido pérdidas en sus actividades, y recursos para los municipios que han tenido que hacer frente a la situación de emergencia.

En cuanto a la borrasca "Filomena", que azotó varias comunidades autónomas en enero de 2021, la Ley que se aprobó para la situación especial de emergencia, el Real Decreto-ley 10/2021, establece medidas de apoyo a quienes aún sufren las consecuencias de esta calamidad.

Por ello, el financiamiento por un total de 1.975.012 euros se considera esencial para ayudar en el proceso de recuperación que todavía continúa activo.

Además, el Gobierno también ha reservado 2.057.548 euros para hacer frente a otras catástrofes naturales, que incluyen tormentas, inundaciones y deslizamientos que han exigido una respuesta rápida y eficaz.

Este aspecto refleja la creciente necesidad de mantener un dispositivo de reacción que permita abordar las necesidades presentes derivadas de emergencias asociadas a fenómenos climáticos extremos, haciendo uso del Real Decreto 307/2005, que regula la concesión de ayudas por situaciones de emergencia.

Este acuerdo establece una continuidad en el esfuerzo del Gobierno por garantizar que los fondos necesarios para la recuperación de nuestras comunidades puedan ser accesibles en la medida que las tragedias lo exijan, reafirmando un compromiso con la protección y asistencia a los afectados por desastres naturales.