Se extiende el tiempo para la implementación de los nuevos requisitos sobre factura electrónica, buscando combatir el fraude fiscal.
El Consejo de Ministros de España, en una reciente reunión, ha tomado la decisión de extender el plazo para que empresarios y profesionales se adapten a las nuevas regulaciones sobre la factura electrónica.
Originalmente, la fecha límite estaba fijada para el 1 de julio de 2025, pero ahora se ha retrasado al 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, aquellos obligados tributarios que no se enmarcan en dicha categoría tendrán hasta el 1 de julio de 2026 para realizar las adaptaciones necesarias.
Esta modificación, propuesta por el Ministerio de Hacienda, se enmarca dentro de una estrategia más amplia para combatir el fraude fiscal, que ha sido un problema recurrente en la economía española.
La ley tiene como objetivo primordial asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, lo cual es crucial para evitar el denominado 'software de doble uso'.
Este tipo de software permite a las empresas manipular sus registros contables, lo que puede resultar en evasión fiscal.
El reglamento que se está modificando fue inicialmente aprobado en diciembre de 2023. En aquel momento, el Gobierno implementó una serie de requisitos técnicos que los sistemas de facturación debían cumplir para garantizar que operaran dentro de las nuevas normativas de transparencia y efectividad fiscal.
Con la extensión del plazo, se busca dar a los contribuyentes un margen adecuado para realizar las modificaciones necesarias en sus sistemas informáticos, garantizando así que puedan cumplir con los nuevos requisitos sin mayores dificultades.
El Gobierno de Zaragoza se compromete a mejorar las infraestructuras y servicios en los barrios rurales
El Gobierno de Zaragoza continuará impulsando la mejora de las infraestructuras y los servicios de los 14 barrios rurales de la ciudad, según han anunciado el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa. Durante una reunión con los presidentes de las juntas vecinales, se repasó la situación actual de los convenios vigentes con la Diputación Provincial de Zaragoza y se informó de una posible ampliación de actuaciones.Además, el Gobierno también ha dispuesto que los productores y comercializadores de sistemas informáticos tendrán un plazo de nueve meses para adaptar sus productos a esta normativa.
Esto incluye aquellos sistemas que ya están en uso bajo contratos de mantenimiento de larga duración que fueron establecidos antes de la nueva regulación.
Esta medida es un intento consciente por parte del Gobierno para facilitar el cumplimiento y asegurar que todos tengan tiempo suficiente para ajustarse a las exigencias establecidas.
También se especificó una modificación en el artículo 4 del reglamento, que busca eximir a ciertas profesiones de la adaptación inicial a esta norma, sobre todo a aquellos que utilizan el Suministro Inmediato de Información (SII) para la gestión de libros de registro.
Esto reconoce la diversidad de situaciones que enfrentan diferentes sectores y busca evitar cargas adicionales innecesarias.
El movimiento del Gobierno es parte de un enfoque más amplio que busca erradicar la economía sumergida y proteger la recaudación fiscal. La historia del fraude fiscal en España es larga y compleja, afectando tanto a la economía como a la justicia social en el país. Las medidas implementadas y las modificaciones recientes son una muestra del compromiso gubernamental con la transparencia y la lucha contra la evasión.
En conclusión, la ampliación del plazo para la adaptación a la factura electrónica es un paso significativo hacia una facturación más segura y confiable en España, buscando, a la vez, poner fin a prácticas desleales que afectan a la economía del país.
