La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación que culmina en la detención de 11 personas por un fraude de 184 millones de euros en el sector de hidrocarburos.
La Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil y respaldada por Europol, ha desmantelado una compleja organización criminal que defraudó 184 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos.
Esta operación, conocida como "¿Quéone?", se llevó a cabo en un esfuerzo por identificar y detener a aquellos responsables de estas irregularidades fiscales.
La operación se inició tras informaciones sobre el uso indebido de una de las empresas investigadas, que parecía estar acumulando cuotas defraudadas de IVA.
El asunto llegó a la atención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien procedió a abrir diligencias de investigación.
Durante el transcurso de esta operación, se llevaron a cabo 19 entradas y registros en varias localidades, resultando en la detención de 11 individuos, mientras que otros ocho están actualmente bajo investigación.
Los registros dieron como resultado la incautación de una gran cantidad de documentación relevante, varios dispositivos electrónicos, así como 150,000 euros en efectivo, y cuatro vehículos motorizados.
Uno de los aspectos más destacados de la operación fue la intervención de criptoactivos, ya que se lograron incautar siete millones de euros en criptomonedas y se ha solicitado el bloqueo de otros 19 millones de euros.
Además, se han congelado numerosos bienes, tanto muebles como inmuebles, y se han paralizado cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
El informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) identifica el fraude perpetrado por esta organización en los ejercicios fiscales correspondientes a 2021, 2022 y 2023.
Se estima que la organización criminal empleaba una estructura empresarial compleja, que operaba de manera coordinada y orquestada con el fin de perfeccionar el fraude.
Estas empresas, muchas de ellas simplemente instrumentalizadas, se utilizaban para trasladar facturaciones y combustible adquiridos, simulando así tener una operación legal y dificultando su detección.
Dentro de esta estructura, habían empresas específicamente dedicadas a acumular cuotas de fraudes, cuya finalidad era eludir el pago del IVA al Estado.
Los líderes de esta red criminal maniobraban de manera que las empresas funcionaran bajo una sola dirección, mientras que formalmente personas subalternas aparecían al frente de las mismas.
Las operaciones de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Guardia Civil, abarcaron diversas provincias, incluyendo Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real.
La logística de la investigación estuvo apoyada por equipos de distintas unidades de la Guardia Civil y el uso de tecnología proporcionada por Europol, que envió una oficina móvil con personal y recursos técnicos para facilitar el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.
El proceso judicial está siendo dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que continuará las diligencias necesarias para esclarecer la magnitud del fraude y llevar a la justicia a los responsables de estos delitos fiscales.
