El Consejo de Ministros aprueba una nueva senda de estabilidad fiscal que concede mayor flexibilidad financiera a las comunidades autónomas y ayuntamientos entre 2025 y 2027.
Este nuevo acuerdo busca cumplir con los compromisos colectivos de estabilidad presupuestaria, al tiempo que otorga mayor margen fiscal a las comunidades autónomas (CCAA) y a las entidades locales.
Según lo estipulado, las comunidades autónomas gozarán de un aumento de dos décimas en sus objetivos de déficit para los años 2025 y 2026. Esto representa una oportunidad significativa en términos financieros, con un margen adicional superior a los 3.000 millones de euros cada año. Asimismo, las entidades locales también se beneficiarán, recibiendo una décima más de margen en 2025 y dos en 2026, lo que se traduce en 1.600 millones de euros en el primer año y cerca de 3.350 millones en el segundo.
Esta decisión responde a un compromiso del #Gobierno de facilitar recursos a las CCAA y ayuntamientos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo que este enfoque permite que tanto comunidades como entidades locales puedan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, especialmente en áreas clave como sanidad, educación y asistencia social.
En términos generales, el déficit total de las Administraciones Públicas se fijará en el 2,5% del PIB para 2025, con una disminución progresiva al 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027.
La mayor parte de la reducción del déficit será responsabilidad de la Administración Central, que verá su propio objetivo de déficit ajustado a un 2,2% en 2025, reduciéndose aún más a un 1,8% en 2026 y al 1,5% en 2027.
El diseño de esta senda implica un enfoque inclusivo que busca evitar recortes en los servicios públicos, a la vez que se respetan los principios de estabilidad presupuestaria.
Por primera vez, se establece un déficit objetivo para la Seguridad Social del 0,2% para los tres próximos años, algo que contrasta con el objetivo previo de equilibrio presupuestario.
El Gobierno se compromete a garantizar que la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado no solo cumpla con las normativas europeas
El Gobierno se compromete a garantizar que la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado no solo cumpla con las normativas europeas, sino que también incremente las partidas destinadas a servicios públicos.
Así, el techo de gasto no financiero nacional se incrementará a 195.353 millones de euros, reflejando un crecimiento del 3,2% respecto al año anterior.
En conclusión, con este nuevo acuerdo el Gobierno busca equilibrar la necesidad de estabilidad presupuestaria, marcada por el descenso del déficit público desde el 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023, a la vez que garantiza que las comunidades autónomas y los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes para atender las necesidades sociales de la población.
