La administración de Trump congela un plan de aproximadamente €6.9 mil millones para crear una red de cargadores EV en todo el país, poniendo en duda los avances en infraestructura y el impulso de la movilidad eléctrica.
Se trata de un programa de alrededor de €6.9 mil millones destinado a desplegar una red nacional de cargadores para vehículos eléctricos, concebido para acelerar la adopción de coches eléctricos y reducir la dependencia de estaciones privadas.
Según la administración, la financiación quedó bloqueada en medio de tensiones con el Congreso y cambios en la dirección de las políticas de infraestructura.
Supuestamente, la medida podría traducirse en retrasos para comunidades que dependen de la red pública de carga y que, hasta ahora, habían visto crecer el número de puntos de recarga como parte de un esfuerzo coordinado a nivel estatal.
En conjunto, el plan buscaba conectar grandes corredores, zonas rurales y áreas urbanas para facilitar un uso más diverso de los vehículos eléctricos, un objetivo compartido por fabricantes y muchas ciudades estadounidenses.
Para entender el alcance, hay que mirar los datos de los últimos años. A finales de 2025, los cargadores públicos no privados habían mostrado un incremento sostenido en varias regiones, con California a la cabeza: 10,039 ubicaciones de carga públicas únicas; seguido por Nueva York con 3,771; Florida con 3,138; Texas con 2,923 y Massachusetts con 2,215.
Estos números, que reflejan un crecimiento del segmento frente a periodos anteriores, se han convertido en un referente para estimar cuánta #infraestructura real existe en el país y qué tan cerca está Estados Unidos de los objetivos de descarbonización y de electrificación del transporte.
El marco histórico detrás de estas inversiones es importante para entender la magnitud del golpe percibido por la industria. En 2021, la Ley de Infraestructura impulsó un desembolso federal significativo para mejorar la carga en carretera, con un aporte inicial de alrededor de €4.6 mil millones para que los estados extiendan y actualicen su red de cargadores, además de otros €2.3 mil millones en grants competitivos para tramos prioritarios y áreas desfavorecidas. Aquel estímulo buscaba acelerar la transición y estimular la participación de fabricantes, operadores de estaciones y proveedores de servicios energéticos.
El peso económico para los compradores de vehículos eléctricos también ha estado sujeto a cambios de política
Por otro lado, el peso económico para los compradores de vehículos eléctricos también ha estado sujeto a cambios de política. El crédito fiscal disponible para la adquisición de EV, que alcanzaba hasta €6,900 por vehículo en su mejor momento, fue objeto de modificaciones y, a partir de 2025, fue eliminado en su forma anterior.
Este giro, presuntamente, podría haber influido en la decisión de algunos compradores y en la demanda de cambios de infraestructura a corto plazo.
A la luz de estos antecedentes, la suspensión del programa de cargadores ha generado reacciones variadas entre actores del sector. Algunos analistas señalan que la interrupción podría ralentizar proyectos en regiones con menor densidad de población y que dependían de fondos federales para la instalación de estaciones rápidas.
Presuntamente, ciertas empresas podrían buscar alternativas privadas o mixtas para mantener la expansión de puntos de carga, mientras que otros sostienen que la continuidad de la iniciativa dependerá de cambios en la agenda del Congreso y en las prioridades de inversión pública.
A pesar del frenazo, existen indicios de que el tema seguirá en el centro del debate político y económico. El sector público y el privado han mostrado interés en mantener la dirección hacia la movilidad eléctrica, y algunos observadores señalan que la retención de fondos podría ser temporal si se reconfiguran criterios de elegibilidad o se reabren convocatorias con condiciones diferentes.
En este contexto, el futuro inmediato podría depender de negociaciones sobre un marco de financiación estable, reglas de distritación y salvaguardas para garantizar que las comunidades con menos recursos también se beneficien de la expansión de la red.
En resumen, la decisión de hoy ha dejado un paisaje de incertidumbre y discusión. La cobertura de la infraestructura de carga eléctrica continúa siendo un tema clave para la competitividad industrial, la reducción de emisiones y la accesibilidad para los conductores que dependen de una red de cargadores pública y confiable.
Si bien la pausa genera dudas, también podría abrir la puerta a un replanteamiento de estrategias y a acuerdos que permitan, de forma más equitativa, avanzar hacia un sistema de transporte más limpio y eficiente.