En una notable operación coordinada por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, se ha logrado desarticular una organización criminal con sede en Sevilla que habría defraudado más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos.

Esta red criminal operaba en todo el territorio español, ofreciendo hidrocarburos a precios significativamente inferiores al del mercado, generando una competencia desleal frente a los operadores legales.

La investigación comenzó en 2023, cuando las autoridades fiscales detectaron irregularidades sospechosas en varias empresas del sector de hidrocarburos.

Se confirmó la existencia de un entramado criminal integrado por un clan familiar de Sevilla, que había establecido una serie de sociedades para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.

Estas empresas operaban a través de varios testaferros, quienes fungían como administradores, ocultando así la verdadera estructura de la organización.

Las acciones iniciales de la investigación revelaron una estructura societaria muy elaborada que facilitaba la evasión fiscal.

Además, los líderes de la organización se valieron de una sólida planificación para cambiar periódicamente las estructuras que utilizaban y así evadir además la atención de las autoridades fiscales.

Este modus operandi les permitía operar durante periodos cortos sin despertar sospechas.

Uno de los aspectos más inquietantes de esta organización es que contaba con la colaboración de un empleado de banca, que les ayudaba a abrir cuentas a nombre de estos testaferros.

Este empleado no solo facilitaba la creación de cuentas, sino que también ofrecía asesoría sobre cómo desviar los beneficios obtenidos del fraude fiscal y sortear las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Desarticulada una organización criminal dedicada al narcotráfico en Huelva

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de hachís por vía marítima en la provincia de Huelva. Durante la operación, se ha incautado un total de 7.200 kilos de hachís, además de 15 embarcaciones, 14 vehículos y otros objetos utilizados en la actividad delictiva. El modus operandi de la organización consistía en transportar los fardos de hachís en embarcaciones tipo patera ocultos en un doble fondo. Esta operación es el resultado de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en las costas onubenses.

Su papel fue crucial para el funcionamiento de la red.

El escándalo se intensificó a medida que se acercaba la implementación del Real Decreto Ley 8/2023, que introducía nuevas restricciones en la venta de carburantes al por menor.

Esto obligó a la organización a ajustar su modelo de negocio, lo que a su vez condujo a un aumento en sus actividades delictivas.

La operación, enumerada como 'Memorable', resultó en la detención de más de 46 individuos y la investigación de 30 entidades jurídicas.

Como resultado de las acciones judiciales, se congelaron 100 cuentas bancarias, con un saldo total de aproximadamente 9 millones de euros.

Además, se procedió al embargo de 25 propiedades inmobiliarias, así como de tres embarcaciones y seis vehículos de lujo.

Los investigadores han confirmado que esta organización no solo se beneficiaba del fraude fiscal, sino que también invertía sus ganancias en activos como criptomonedas, un sector conocido por su anonimato, y en la adquisición de empresas dentro de los sectores hotelero y de restauración.

Al mismo tiempo, los integrantes del grupo utilizaban las ganancias para financiar un estilo de vida de lujo, que incluía viajes costosos y compra de bienes de alto valor, como joyas y vehículos de alta gama.

El caso sigue bajo instrucción y los responsables todavía no han sido completamente identificados, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas detenciones.

La operativa y las consecuencias de esta red subrayan la importancia de la vigilancia en la industria de los hidrocarburos y la necesidad de un cumplimiento riguroso de las regulaciones fiscales para garantizar un mercado justo y competitivo.