En Cataluña, el Gobierno ha sancionado a 79 grandes tenedores con un total de 246 multas, por no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial.

El importe total de las multas asciende a más de 6 millones de euros. Este es el balance del primer año del Programa de refuerzo para garantizar el cumplimiento de la ley de emergencia habitacional. Gracias a este programa, se han multiplicado por 8 las acciones de control, detectando incumplimientos persistentes. En total, se han iniciado más de 1.200 expedientes, resolviendo hasta el momento 246 con sanciones graves.

Entre las infracciones detectadas se destaca la falta de documentación que demuestre la oferta de alquiler social a personas o familias vulnerables antes de proceder al desahucio.

Se ha observado que dos grandes tenedores, Divarian Propiedad y Promontoria Coliseum Real Estate, concentran más de la mitad de los expedientes abiertos.

Cataluña aprueba un nuevo modelo para mejorar la atención ciudadana

Se ha aprobado el Modelo de Atención Ciudadana de la Administración de la Generalitat y del sector público en Cataluña, eliminando la cita obligatoria en algunos ámbitos y fortaleciendo los canales de comunicación.

Las multas pueden llegar hasta los 30.000 euros por expediente.

Además, como medida disuasoria adicional, en todos los expedientes se incluye una sanción accesoria de publicidad para difundir la multa cuando esta sea firme.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado 11 sanciones firmes a grandes tenedores como BTL Spain Residential Acquisitions SL o Wind Luxemburg SARL, entre otros.

La normativa vigente establece que los grandes tenedores deben ofrecer alquiler social antes de iniciar cualquier proceso de ejecución hipotecaria o desahucio, cuando los residentes se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial.

En caso de incumplimiento, se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar los 30.000 euros por expediente.