La Junta de Castilla y León presenta alegaciones al borrador del Esquema Provisional de Temas Importantes, defendiendo ampliar el regadío y subrayando que el agua debe generar empleo y fijar población, no limitarse a recortar usos.
La Junta de #Castilla y León ha salido a la palestra para defender el #regadío como motor de futuro para el medio rural ante el borrador del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) que condiciona el próximo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033.
En sus alegaciones, el Gobierno regional reivindica la #gestión del agua como un recurso estructural que puede generar empleo, atraer inversiones y facilitar que jóvenes se incorporen a la agricultura, además de mejorar la productividad y apoyar la industria agroalimentaria.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que la próxima planificación es una oportunidad decisiva y que no debe quedarse en recortes.
La Junta propone un modelo que no se quede solo en restringir usos, sino que dedique esfuerzos a modernizar el regadío, a una gestión más eficiente del agua, a incrementar la regulación y a crear seguridad jurídica para los regantes, con un marco de triple sostenibilidad: económica, social y ambiental.
El documento recuerda un déficit estructural: Castilla y León dispone de unas 550.000 hectáreas regables, el 15% de su superficie cultivable, frente a la media nacional del 22,3%. A ello se suma la limitada capacidad de regulación de la cuenca del Duero, que apenas llega al 30%, muy por debajo de grandes cuencas como el Ebro (50%) o el Tajo (90%).
Ante esa realidad, la Junta pide que el Plan incluya el desarrollo de nuevos regadíos, con una propuesta específica de sumar más de 43.000 hectáreas en zonas como Cea-Carrión, Armuña, Valduerna, Arandilla, Alaraz, Lastras de Cuéllar, Bombeo Araviana y la margen izquierda del Tera, entre otras, con un incremento de la regulación existente.
La Junta destina 121 millones a modernizar el regadío en León y dinamizar el campo
La modernización del regadío de Llamas de la Ribera finalizará en el último trimestre de este año tras una inversión que supera los 13 millones de euros. La obra es un ejemplo de eficiencia en el uso de los recursos al contar con dos balsas de agua, una de regulación y otra de riego por gravedad para 878 hectáreas.Sobre las aguas subterráneas, el borrador se muestra contrario a ciertas modificaciones; la Junta propone una evaluación técnica individualizada, evitando reducciones automáticas del 10-25% ante cambios de concesión y advierte de que negar la novación podría dejar sin agua a 32.000 hectáreas y provocar pérdidas para el sector de unos 17,8 millones de euros al año, con el cierre de miles de explotaciones. En su lugar, se propone sustituir progresivamente recursos subterráneos por superficiales y crear una Mesa de Trabajo entre las CUAS y la CHD para planificar una operación conjunta.
La Junta insiste en que los posibles ahorros no se traduzcan en recortes de derechos de agua
En cuanto a seguridad y eficiencia, la Junta insiste en que los posibles ahorros no se traduzcan en recortes de derechos de agua, sino en eficiencia.
Sobre la contaminación difusa, pide aplicar medidas solo a masas de agua afectadas y priorizar herramientas agronómicas como SATIVUM, desarrollado por ITACyL, cuyo módulo de dosificación de fertilizantes es ya referencia nacional.
También reclama gobernanza eficaz con presupuestos verificables, calendarización obligatoria, seguimiento y rendición de cuentas, y una coordinación administrativa más ágil.
Por último, advierte que no se deben perjudicar usos agrarios existentes con nuevos usos industriales o energéticos vinculados a renovables.
Historia reciente para contexto: en 2022 el Consejo del Agua del Duero rechazó el proyecto por 42 votos en contra y 34 a favor. Aunque la Junta y los regantes se opusieron, el Plan se aprobó por Real Decreto en enero de 2023 con restricciones, sin que se hayan ejecutado muchas inversiones previstas.
La Junta sostiene que la nueva planificación debe incorporar estas alegaciones para evitar perder más potencial económico y población en el campo.