La Junta de Castilla y León ha conseguido una sentencia que resarce parcialmente los daños a la Hacienda Pública en el caso del Edificio de Soluciones Empresariales y la compra de terrenos para el Parque Empresarial de Portillo.
El pasado 8 de enero de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid emitió una sentencia condenatoria en el caso relacionado con el Edificio de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda, así como en la adquisición de terrenos para el Parque Empresarial de Portillo.
En esta resolución, se establece que los acusados deberán indemnizar a la Hacienda de Castilla y León, satisfaciendo así parcialmente la responsabilidad civil demandada por la Junta.
La Junta de Castilla y León, a través de sus Servicios Jurídicos, ha ejercido la acusación particular, defendiendo así los intereses económicos de la administración autonómica.
La sentencia fue favorable en gran medida a lo solicitado por la Junta, que había presentado una acusación en la que se solicitaba tanto la condena a penas privativas de libertad como de inhabilitación para los implicados.
Las penas impuestas se acercan a lo que la Junta había solicitado, aunque otras acusaciones presentadas en el caso pidieron sanciones más severas.
Los condenados, RDN, GJMG y ARML, deberán abonar de manera solidaria un total de 4.512.066,29 euros a la administración autonómica por el caso del Edificio de Soluciones Empresariales. Además, en relación con la compra de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, los acusados RDN, LARG, FEG, LARH y CGM deberán indemnizar a la Junta con 2.026.198,37 euros. También se ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Urban Proyecta PM3 S.L., Parque Empresarial de Portillo S.L. y Cementos La Bureba S.L.
El Departamento de Justicia solicita una orden de protección para el caso contra Donald Trump
El Departamento de Justicia ha solicitado a un juez federal que se encarga del caso criminal contra el ex presidente Donald Trump en Washington que intervenga después de que él publicara un mensaje en línea que parecía prometer venganza contra aquellos que lo persiganLa intervención de la Junta de Castilla y León ha sido considerada como un elemento crucial en el desarrollo del juicio y el proceso de enjuiciamiento.
Por esta razón, la sentencia también impone a los acusados el pago de las costas judiciales, una carga que no se aplica a la acusación popular.
A pesar de que esta sentencia es definitiva, no es firme, lo que significa que existe la posibilidad de que se interponga un recurso. La administración autonómica se tomará el tiempo necesario para estudiar los fundamentos de la sentencia y decidir, dentro del plazo legal, si procede a presentar dicho recurso.
Es importante destacar que los condenados también mantienen el derecho a recurrir ante esta decisión judicial.
Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos, un aspecto que ha sido históricamente relevante en el ámbito de la administración pública.
En el contexto de Castilla y León, es fundamental asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera transparente y efectiva, evitando así situaciones de mala gestión y corrupción.