Isabel Blanco aboga por una mayor autonomía regional en la gestión de fondos para combatir la despoblación, en un contexto económico incierto debido a los aranceles de Estados Unidos.
El Parlamento Europeo ha sido escenario de una audiencia pública centrada en uno de los desafíos más acuciantes de Europa: la despoblación. En este contexto, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido la urgencia de que las regiones gestionen de manera autónoma los fondos de la Política de Cohesión.
Esta política es crucial para implementar estrategias que respondan a las particularidades de cada territorio, especialmente en el sector agroalimentario de Castilla y León, que se enfrenta a un panorama complicado debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a la Unión Europea.
A pesar de que Castilla y León ha experimentado resultados demográficos positivos en años recientes, la región enfrenta una grave dispersión poblacional y un creciente vaciamiento de sus áreas rurales.
Un estudio reciente indica que un 16% de las regiones en la Unión Europea están experimentando una reducción poblacional, lo que marca el inicio de una crisis demográfica que amenaza la cohesión social y económica del continente.
Durante su intervención en Bruselas, Isabel Blanco enfatizó la necesidad de un enfoque global para combatir la despoblación, que incluya una visión participativa y coordinada.
Es esencial que la Política de Cohesión, que se revisará después de 2027, se centre en las zonas rurales más afectadas, proporcionando líneas de financiación específicas y autonomía en la gestión a las regiones.
La vicepresidenta también subrayó que, aunque existen objetivos generales establecidos por la Unión Europea, son las regiones las que mejor conocen sus propias fortalezas y debilidades.
Por tanto, deben tener la libertad de adaptar los proyectos a sus necesidades locales, trabajando en colaboración con las entidades locales. Esta gestión descentralizada no solo es un principio de justicia, sino que también puede resultar en soluciones más efectivas.
La importancia de la Política de Cohesión se hace aún más evidente en un contexto de incertidumbre económica, especialmente por los aranceles que Estados Unidos aplicará a la UE.
Este contexto afecta directamente a sectores estratégicos de la economía de Castilla y León, como es el agroalimentario, que es fundamental para mantener la población en las áreas rurales.
La agricultura y la ganadería son sectores que generan empleo que no puede ser deslocalizado, contribuyendo así a la estabilidad demográfica.
En cuanto a las dificultades demográficas, Castilla y León presenta una tasa de envejecimiento del 25,1%, que es cinco puntos superior a la media europea.
Esta situación plantea retos significativos para el crecimiento económico y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. La prestación de servicios en el medio rural resulta ser un 52% más costosa, lo que agrava aún más la situación. Por ejemplo, la atención a personas dependientes en zonas rurales puede ser un 78.5% más cara, lo que plantea un desafío considerable para el gobierno autónomo.
Isabel Blanco también resaltó las políticas implementadas en Castilla y León para enfrentar estos retos, como el mantenimiento de centros educativos en localidades con pocos alumnos y las iniciativas para fomentar la natalidad y la conciliación familiar.
A pesar de las dificultades, la comunidad ha logrado un saldo migratorio positivo, con 22.300 nuevos residentes en los últimos tres años. Esto demuestra que, con las políticas adecuadas, es posible revertir la tendencia de despoblación.
En conclusión, la lucha contra la despoblación en Europa requiere un enfoque renovado y adaptado a las necesidades de cada región. La gestión autónoma de los fondos de cohesión y la implementación de políticas específicas son pasos fundamentales para asegurar un futuro demográfico sostenible para comunidades como Castilla y León.
