El presidente de la Junta de Castilla y León firma cinco pactos con el Diálogo Social que destinarán más de 2.100 millones de euros hasta 2028 para fortalecer el empleo, la educación y la igualdad en la región.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha liderado hoy la firma de cinco importantes acuerdos con los principales agentes del Diálogo Social en la comunidad autónoma.
Estos pactos tienen como objetivo impulsar el desarrollo socioeconómico de Castilla y León a través de una inversión superior a los 2.100 millones de euros para el período comprendido entre 2025 y 2028. La firma de estos acuerdos refuerza el compromiso del gobierno autonómico con el fortalecimiento del empleo, la mejora de la educación y la promoción de la igualdad de oportunidades.
Estos cinco pactos se enmarcan dentro de la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2025-2028.
Además, se ha establecido un Plan específico de Empleo, Formación, Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales para Castilla y León en 2025. La firma de estos acuerdos refleja un consenso amplio entre la administración regional y los agentes sociales, incluyendo a las principales organizaciones empresariales y sindicales, que consideran estos pactos como un paso fundamental hacia una sociedad más justa y competitiva.
Desde el punto de vista histórico, Castilla y León ha sido tradicionalmente una de las regiones más dependientes del sector agrícola y rural, con un fuerte peso de la economía tradicional.
Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un esfuerzo constante por diversificar su economía, promoviendo sectores como la industria, la industria 4.0, y las nuevas tecnologías, con el fin de reducir la brecha de productividad y empleo respecto a otras comunidades autónomas.
Uno de los pilares de estos nuevos acuerdos es la inversión en políticas activas de empleo, con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros para el próximo cuatrienio. Este fondo se centrará en ofrecer formación y capacitación a los trabajadores, fomentando la transición hacia sectores más sostenibles y competitivos.
Además, se priorizará la atención a los territorios y colectivos más vulnerables, para garantizar una mayor cohesión social.
Por otra parte, el Plan de Formación Profesional también contará con una dotación de aproximadamente 1.000 millones de euros. Su objetivo es incrementar la oferta de formación especializada, llegar a 55.000 alumnos en 2029 y mantener la tasa de inserción laboral por encima del 85 %. La modernización de los programas, el impulso a la FP dual y la colaboración público-privada serán clave en este proceso, con el fin de adaptar la formación a las necesidades del mercado.
En materia de seguridad y salud laboral, Castilla y León destinará más de 48 millones de euros para impulsar medidas preventivas y promover entornos laborales saludables, especialmente en sectores rurales y en pequeñas y medianas empresas.
La perspectiva de género será también un elemento transversal en estos programas, buscando reducir las desigualdades en el acceso y mantenimiento del empleo.
La estrategia de igualdad de género, corresponsabilidad y juventud en el empleo movilizará unos 54 millones de euros adicionales. Entre sus objetivos principales están promover la igualdad de oportunidades, facilitar la conciliación laboral y familiar, y fortalecer la participación juvenil en el mercado de trabajo.
Se implementarán medidas de sensibilización, formación y apoyo específico para mujeres, especialmente en zonas rurales, donde la brecha de género sigue siendo significativa.
Finalmente, el Plan de Empleo, Formación, Igualdad y Prevención para 2025 contempla una inversión total de más de 294 millones de euros. Este plan contempla programas para incentivar la contratación, mejorar los servicios de orientación laboral y apoyar a las entidades locales. Se prevé beneficiar a más de 145.000 personas, con especial atención a los colectivos vulnerables y a las iniciativas de economía social.
Estos acuerdos representan un compromiso firme de Castilla y León por avanzar en un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible, alineado con las políticas europeas de economía verde y digital.
La historia reciente de la región muestra un esfuerzo constante por modernizar su tejido productivo, y estos pactos constituyen una nueva etapa en ese proceso, con un fuerte componente social y de inversión pública que busca reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
