La Junta de Castilla y León apuesta por mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos mediante autoevaluaciones realizadas por sus empleados, en una estrategia que busca acercar la administración a las necesidades de los ciudadanos.
Esta iniciativa, supuestamente alineada con el compromiso del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, busca incrementar la calidad, agilidad y eficacia de los servicios que la administración ofrece a sus ciudadanos.
La evaluación está siendo llevada a cabo por los propios empleados públicos, quienes, debido a su conocimiento profundo de la estructura interna y de los procesos administrativos, son considerados los mejores conocedores para identificar áreas susceptibles de mejora.
Presuntamente, este proceso permite un diagnóstico más realista y cercano a la realidad del funcionamiento diario de las distintas unidades administrativas.
Supuestamente, esta iniciativa se inspira en modelos internacionales de gestión de calidad, como el marco EFQM, adaptados al contexto de la administración pública.
La autoevaluación forma parte del Plan Anual de Actuaciones en materia de innovación y calidad de la Junta, aprobado en 2025, y responde a la Ley de Derechos de los Ciudadanos de Castilla y León, que promueve la participación y la transparencia en la gestión pública.
El proceso se inició en varias provincias, incluyendo Burgos, Zamora y Palencia, donde ya se han completado las autoevaluaciones. En estos casos, los equipos evaluadores, integrados por entre 8 y 20 empleados públicos, analizaron diferentes aspectos del funcionamiento interno, desde la gestión de recursos humanos hasta la eficiencia en la atención al público.
En León, por ejemplo, participarán aproximadamente 168 empleados en esta evaluación, quienes completarán cuestionarios electrónicos con 166 preguntas valoradas de 0 a 10.
Las preguntas abarcan desde la gestión de los recursos y la actuación de los responsables hasta la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio.
Además, se realizan encuestas de satisfacción ciudadana en oficinas y plataformas telemáticas, cuyos resultados se integran en los informes finales.
Supuestamente, el proceso cuenta con la formación previa de los empleados por parte de la Consejería de la Presidencia, que garantiza la correcta utilización de la herramienta digital y la metodología.
La fiabilidad de los datos se asegura mediante la participación anónima y voluntaria, permitiendo a los empleados expresar sus opiniones con libertad.
El consejero Luis Miguel González Gago ha expresado su confianza en este modelo de evaluación y ha agradecido el compromiso de los empleados públicos en la mejora continua de la administración regional.
Supuestamente, su objetivo es que los resultados sirvan para aplicar medidas concretas que optimicen la gestión, incrementen la satisfacción ciudadana y fortalezcan la transparencia y cercanía de la administración.
Castilla y León ha sido pionera en la implementación de políticas de gestión pública eficiente
Históricamente, #Castilla y León ha sido pionera en la implementación de políticas de gestión pública eficiente, con antecedentes que datan de los años 90, cuando inició procesos de modernización administrativa.
La autoevaluación, en este contexto, representa un paso más en la evolución de la región hacia una administración más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades de la población.
En conclusión, esta iniciativa de autoevaluación, que se extenderá a todas las provincias de Castilla y León durante 2025 y 2026, busca consolidar un modelo de gestión participativo y transparente.
