En la ciudad de Zaragoza, se ha establecido un importante acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar la construcción de viviendas públicas en la zona.

Este plan supone la edificación de mil pisos en su primera fase en diferentes barrios de la ciudad como Las Fuentes, Delicias, Torrero-La Paz, Barrio Jesús, Picarral, Actur y Valdespartera, lo que implicará una inversión estimada de 120 millones de euros.

Este proyecto generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo en la región.

Esta iniciativa, liderada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, marca un hito en las relaciones institucionales al establecer un marco común para la gestión de viviendas de alquiler asequible en la capital.

La implementación de este plan se hará posible gracias a la aprobación de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales por parte del Gobierno de Aragón.

Esto permitirá transformar terrenos públicos en viviendas de alquiler asequible mediante colaboración público-privada.

Zaragoza se vuelca en la prevención del tabaquismo con la Carrera Sin Humo 2023

Más de 800 estudiantes de 16 centros educativos de Zaragoza participarán en la Carrera Sin Humo 2023 para sensibilizar sobre la importancia de la promoción de la actividad física en la prevención del consumo de tabaco. El Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza apoyan el evento deportivo, que tendrá lugar el sábado 3 de junio en el Campus San Francisco.

Las construcciones se llevarán a cabo a través de concursos públicos competitivos para garantizar la titularidad pública de los inmuebles.

Se espera que el proceso de ejecución comience en el segundo semestre de 2025, tras la aprobación de los pliegos y licencias correspondientes.

Además, se prevé la construcción de otras mil viviendas en diferentes barrios de Zaragoza, sumándose a las 376 unidades ya adjudicadas a principios de año.

Estas viviendas estarán destinadas al alquiler asequible, especialmente para jóvenes.

El objetivo es garantizar que los ciudadanos no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda.

Con una inversión total estimada de 56,3 millones de euros, este ambicioso proyecto contribuirá significativamente a mejorar la disponibilidad de vivienda pública en la región.