La Generalitat de Cataluña implementará cambios en su modelo de gestión de ayudas públicas para acortar en un 30% los tiempos de tramitación, beneficiando a millones de ciudadanos y adaptando los procedimientos a las nuevas tecnologías.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado una revisión y actualización del modelo integral de gestión de subvenciones y ayudas destinado a mejorar la eficiencia en la tramitación.
El principal objetivo de esta iniciativa es reducir en un 30% los plazos de proceso, pasando de una media actual de aproximadamente 327 días, cerca de 11 meses, a un tiempo considerablemente menor.
Esta medida busca facilitar y acelerar el acceso a las ayudas públicas para los beneficiarios, asegurando una gestión más ágil y efectiva.
Con esta reforma, se abarcará todo el proceso, desde la elaboración y publicación de las convocatorias hasta la evaluación y concesión de las ayudas, que en la actualidad mantienen un proceso que no ha sido actualizado en casi una década.
La normativa será revisada y simplificada, haciendo que la justificación y acreditación de las subvenciones sea más sencilla para los destinatarios.
Además, se potenciará el uso de las tecnologías digitales para mejorar la gestión y reducir la carga administrativa tanto para la administración como para los beneficiarios.
El proceso de modernización incluye la reforma de los modelos de bases reguladoras y convocatorias, facilitando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.
Esto es especialmente relevante dado que en 2024 la Generalitat convocó más de 1.600 ayudas y subvenciones, con un importe concedido que supera los 1.8 mil millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1.600 millones de euros en moneda local, considerando la tasa de cambio actual.
Los departamentos con mayores fondos destinados fueron Derechos Sociales, Empresa y Trabajo, y Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. En total, cerca de 3.4 millones de beneficiarios se vieron favorecidos por estas ayudas, siendo más del 90% de ellos beneficiarios de prestaciones en derechos sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico para fortalecer la gestión pública en Cataluña, basada en principios de eficiencia y transparencia.
Históricamente, la administración catalana ha impulsado reformas similares para mejorar la calidad de los servicios públicos, con un especial énfasis en la digitalización y en la simplificación de trámites.
Con estas acciones, Cataluña busca estar a la vanguardia en gestión de recursos públicos, promoviendo una administración más cercana y eficiente para todos sus ciudadanos.
